10 de julio de 2024
El 29 de junio se informó sobre la elevación al Honorable Concejo Deliberante, para su tratamiento, de un Proyecto de Ordenanza para crear el "Registro Municipal de Acopiadores, Operadores, Transportistas y Vendedores de Metales no Ferrosos", entre los que se encuentra el cobre. en la sesión de mañana se dará tratamiento al Proyecto.
La intención del Ejecutivo es que en ese registro se deban
reportar todas las operaciones efectuadas, posibilitando ejercer un control
efectivo sobre trazabilidad del metal no ferroso durante toda la cadena de tratamiento
que va desde la obtención del material hasta comercialización final, e incluye
el transporte en cualquiera de sus formas.
Además, esta iniciativa permitirá al Municipio de Tandil y a
las autoridades policiales y judiciales, poseer un conocimiento cierto y
actualizado de los sujetos que legalmente intervienen y/o participan en la
cadena de obtención, comercialización y transporte de este tipo de materiales
dentro del partido, y posibilitará conocer las operaciones declaradas por los
intervinientes en toda la cadena de comercialización.
El proyecto elevado y que se tratará en la sesión de este
jueves, establece en sus diferentes artículos las funciones principales del
registro, quienes estarán obligados a inscribirse y las diferentes sanciones
por incumplimientos a la normativa.
A su vez se indica que las personas humanas y/o jurídicas
obligadas a inscribirse, también deberán ajustarse a las prescripciones de la
Ley Provincial N° 13564 y su decreto reglamentario N° 1018/07.
El robo de cables es un delito que aumenta notoriamente en
la ciudad y gran parte de la República Argentina, afectando al transporte y
distribución del suministro de electricidad y servicios de telefonía y
comunicaciones.
Además, estos robos provocan daños materiales a las empresas
prestadores de los servicios de suministro de energía eléctrica, de telefonía,
comunicaciones y al Municipio, generando un perjuicio a la población del
Partido de Tandil, que en muchas ocasiones sufre la interrupción del servicio o
suministro afectado por el delito.
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