25 de mayo de 2010
Por Daniel Carlos Argemi (Prof. de Historia- Prof. en Ciencias Políticas)
El día 25 de mayo de 1810 marcó el comienzo de un proceso revolucionario que seis años después, desembocaría en la Declaración de la Independencia. Muchos sectores del Virreinato y de Hispanoamérica pidieron profundos cambios económicos y sociales, que necesariamente implicaban reformas políticas. El Estado colonial americano ya no daba respuestas a las necesidades de amplios sectores sociales criollos. Por ejemplo, las reformas económicas promovidas por los monarcas borbónicos y los permisos de libre comercio, siempre provisorios y limitados, no constituían verdaderos consuelos contra el monopolio que impedía generar mayores riquezas e incluir a nuevos actores sociales (solamente se beneficiaban los españoles acomodados). La desigualdad social, entre las familias ligadas al orden colonial y los criollos que tenían dinero y/o eran profesionales y/o comerciantes, eran cada vez mayores y ofensivas. Más que nada, porque estaban fundadas en las leyes vistas como injustas y opresivas.
Las autoridades, dentro de la burocracia del Estado, se convirtieron en funcionarios más inclinados a agradar a los superiores para lograr ascensos, que en un comisionado del Rey para recibir las inquietudes de los habitantes y buscar soluciones. La culpa de ello era el despotismo ilustrado que guiaba las actividades del Estado español.
Todo esto pesaba sobre la vida cotidiana y mucha gente deseaba cambios, pero siempre estaban de acuerdo en la manera de llevarlos a cabo. Algunos soñaban con construir un nuevo orden social y político, sin relación con España. Otros, creían en la posibilidad de profundas reformas, contando con el consentimiento del Rey. En columnas anteriores, fueron presentados algunos episodios históricos de estos conflictos.
Cuando la invasión napoleónica a la Madre Patria destruyó al Estado español, poniendo un usurpador en el trono, casi toda la población comenzó la resistencia. Muy pocos eran los que aceptaban el nuevo orden, solamente algunos intelectuales y nobles acomodados que eran vistos como traidores a su propio pueblo. También, comienzos de 1810 se había disuelto la Junta Central y parecía que los franceses habían triunfado.
En toda Hispanoamérica, surgió entonces la oportunidad histórica de comenzar con el proceso de cambio tan deseado y esperado por la mayoría de sus habitantes. Como un efecto cascada aparecieron Juntas de Gobierno en Caracas, el 19 de abril; en Buenos Aires, el 25 de mayo; en Bogotá, el 20 de julio; en Quito, el 19 de agosto y en Santiago de Chile, el 18 de septiembre. Mientras tanto, en México se produjo el “Grito de Dolores”, que marcó el comienzo de su revolución. Los dirigentes americanos tenían muy clara la necesidad de modificar el presente, porque ése era el sentimiento popular. No importaba el lugar que uno ocupase en la sociedad, era parte de la charla cotidiana de los vecinos en sus casas y en las calles.
Los líderes de los movimientos revolucionarios tenían en claro que había que construir un nuevo Estado. Aunque muchas veces se enfrentaban por la forma de hacerlo, muy pocos tenían a esta altura un proyecto elaborado y consensuado. Será un futuro de ensayo y error, como veremos más adelante.
Hoy sabemos que el conjunto de instituciones que conforma la estructura del Estado, siempre debe ser lo más inclusiva posible, para poder facilitar la participación de los ciudadanos en las decisiones que afecten el funcionamiento de la sociedad, la calidad de vida de la población y/o la elaboración de consensos para una coexistencia armónica. Cuando gran parte de esto se logra, se puede decir que el sistema político y el Estado poseen verdaderos fundamentos democráticos; entonces, la gente tiene sus derechos humanos en plenitud y realmente reconocidos. Pensar que la participación ciudadana se reduce solamente al voto cada dos años, es envilecer el fundamento para la vida social y empobrecer la democracia. Algo parecido ocurriría, si se reducen los derechos humanos solamente a un aspecto y no al sentido que le otorga la Asamblea General de Naciones Unidas, en su Declaración Universal de Derechos Humanos del día 10 de diciembre de 1948 (precisados en sus posteriores Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que entraron en vigencia en el año 1976. Ello parece casi una ironía para los argentinos). Tomando estas afirmaciones como válidas y de cara al Bicentenario … ?cómo vamos, señor lector?
RECUADRO
ソQué se discute en el Cabildo del 22 de mayo?
La gran discusión en el Cabildo Abierto del día 22 de mayo, fue la que posibilitó la elección de la Junta Gubernativa Provisional tres días después (la conocemos como la Primera Junta). Participaron 250 personas de las 450 que fueron invitadas, todas consideradas “gente decente y vecinos representativos”; Buenos Aires contaba en ese momento con unos 45.000 habitantes. Según aparece en las actas conservadas, había 93 comerciantes, hacendados y vecinos, 92 funcionarios y empleados públicos, 27 miembros del clero, 60 militares y otros 26 hombres que ejercían profesiones liberales (abogados, médicos, etc.).
El eje del problema era quién gobernaba porque la familia real estaba presa desde 1808 y la Junta Central de Sevilla se había disuelto el pasado 29 de enero. Para la mayoría de los participantes, el Virrey Cisneros carecía de legitimidad para continuar en su cargo. Unos pocos realistas opinaban exactamente lo contrario.
El doctor Juan José Castelli, usando los viejos principios suaristas y apelando al derecho natural, argumentó que al no estar el Rey y al desaparecer el organismo creado para gobernar España en su ausencia, la soberanía regresaba al pueblo, para que eligiese cómo reemplazarlo (esto se llamaba retroversión de la soberanía, que no es otro que el derecho a gobernarse que tiene cada persona, y que al decidir vivir en una sociedad lo deposita en alguien para que lo ejerza sobre el conjunto; siempre y cuando con sus acciones, busque el bienestar y la felicidad de la población de la que recibió su mandato. Si así no fuera, tienen el derecho a reemplazarlo utilizando hasta la violencia si fuera necesario). El resultado definitivo de la jornada, fue que el Virrey cesara y que se formara una Junta Provisoria, asumiendo el poder político en nombre de Fernando VII. Los votos ganadores fueron 162, por la continuidad 64 y 25 personas no quisieron votar.
Lo que ahora quedaba en claro era que nuevos actores políticos ocupaban posiciones de poder para comenzar el proceso de cambio que todos deseaban y al no existir un proyecto negociado sobre cómo llevarlo a cabo, se permitía el inicio de muchas décadas de guerras civiles y desencuentros, hasta que en 1862 un grupo hegemónico impusiera el suyo.
BIBLIOGRAFIA: Orígenes de la Nación y del Pago Chico. Ediciones del Fuerte. 2009
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