Locales. Iparraguirre pidió "claridad" sobre cómo el Municipio hará cumplir la nueva ordenanza

Consultado por La Voz, Iparraguirre remarcó que se alcanzó un acuerdo y se votó por unanimidad, "después de bastantes e importantes cambios respecto de la norma original (elevada por el Ejecutivo)", aunque insistió en que "teníamos el espíritu y la comprensión de que el Muncipio debía contar con una herramienta de estas características en su Código de Faltas".

"Cuando recibimos el primer borrador del proyecto, nos encontramos, no solo nosotros sino también el bloque oficialista e Integrar, con un texto flojo, hecho con apuro. Una ordenanza con carácter punitivo, cuanto más floja, menor posibilidad de ser aplicada con éxito y de lograr su misión última, que es prevenir la acción indeseada, no solo castigarla", recordó el edil, al remarcar que "se hicieron distintos aportes, que fueron receptados muy bien por el Ejecutivo".

Uno de los puntos que se incluyó en el texto final, tuvo que ver con que, según Iparraguirre, "el proyecto carecía de marco legal y era importante que la norma lo dijera porque sino un abogado lo hacía pedazos en dos segundos".

"También fue quitado lo de la aplicación (el texto original incluía sanciones por la no utilización de una aplicación virtual desarrollada por el Ejecutivo para registrar casos de Covid y controlar aislamientos de positivos y contactos estrechos). A la aplicación le falta desarrollo, no solo al soft, sino al Ejecutivo le falta mejorar el sistema de gestión de gobierno con el cual pretende aplicarla. Hoy una persona con covid positivo o cargado como un contacto estrecho, de manera oficial en el sistema de salud, va a una pizzería, lo cargan con la aplicación, y no salta. Y es para eso que está hecha la aplicación, entendemos. Directamente fue quitado porque requiere de otros tiempos, y de otros debates", detalló.

El titular del bloque del FdT también destacó que "se tipificaron mejor las conductas y los sujetos alcanzados" y dejó en claro que "los agentes encargados del cumplimiento este fin de semana ya pueden trabajar con ella (por la nueva regulación)".

"ENEMIGOS PÚBLICOS"

Iparraguirre reiteró ante este diario algo que expresó en la sesión, en relación a que "una persona con diagnóstico de Covid positivo, que en conocimiento que lo tiene, que no ha sido dado de alta, está yendo a una cervecería, al mercado, para mí, es un enemigo público. Lo digo con total claridad".

Y aclaró que "a partir de ahora, esa persona además va a pagar una multa de entre 100 mil y 300 mil pesos. Sépanlo". Y también enfatizó que "el organizador de una fiesta clandestina, que están prohibidas, que son uno de los principales focos que nos están complicando la vida, literalmente, va a pagar una multa de entre 300 y 600 mil pesos. Y si el organizador además es el titular del lugar donde se hace la fiesta, la multa va a ser de entre 700 mil y 2 millones de pesos".

"Son personas que piensan con el bolsillo, porque buscan el rédito económico con estas fiestas. Bueno, que sepan que van a tener que pagar y hasta tanto no cumplan con el pago de las multas, no van a poder presentarse a licitaciones, concursos municipales, no van a poder renovar el carnet de conducir, habilitar comercios, etc.", agregó.

Y respecto de las multas a los asistentes a este tipo de fiestas, reconoció que "fue un tema que estuvimos discutiendo hasta ayer (jueves). Más que nada por un tema de orden práctico, es difícil llegar a una fiesta y ejercer la acción e iniciar el trámite con el organizador de la fiesta y el titular del inmueble; y otra es infraccionar a las 100, o 400 personas que haya en la fiesta. Pero el artículo 4º le habla a todos los ciudadanos, sobre incumplir las normas y los que asisten a esas fiestas están incluidos. Que lo sepan los padres, las multas van entre 100 mil y 600 mil pesos por asistir a una fiesta clandestina".

"Son actitudes que comprometen la salud, el bienestar y la vida de un montón de vecinos y vecinas que están haciendo un esfuerzo inmenso, que están tan cansados como el que más, están hartos y así y todo, siguen cumpliendo con su rol ciudadano, que es no perder de vista que existe el prójimo, que la vida no se acaba en uno mismo, que están los demás y entre esos, están nuestros seres queridos que pueden ser población de riesgo. Por eso esta norma ojalá sirva además para prevenir", analizó.

Finalmente, Iparraguirre se refirió a la aplicación de la normativa, y en ese sentido, indicó que antes del tratamiento del proyecto, pretendieron "una reunión con la gente de Inspección General y Habilitaciones, Protección Ciudadana y de Tránsito Vehicular, que son los responsables de hacerla cumplir, para que nos dijeran cuál es el plan para hacerla cumplir. Es la queja de muchos vecinos, que el Estado no puede hacer normas si después no las puede cumplir. Esta reunión no pudo hacerse por distintos motivos, pero igualmente la pedimos para la semana que viene".

"Tienen que darle claridad a los vecinos respecto de cómo va a hacer el Estado, que hasta ahora muchas veces se mostró impotente, para hacer cumplir esta norma", cerró.