La Región. Jornada interinstitucional en Azul

El encuentro fue moderado por Cecilia Astigueta y contó además con las participaciones del juez del Juzgado de Garantías n°4 de Mar del Plata, Juan F. Tapia; la decana de la Facultad de Derecho, Laura Giosa; el director del Programa Estratégico Regional de Cannabis Medicinal, Marcelo Sarlingo; el presidente de la asociación civil Cannabis Medicinal de Azul, Juan David Prado; el defensor General Departamental, Diego Fernández; la presidenta del Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Azul, María Fernanda Giménez y la titular de la Defensoría del Pueblo de Tandil, Paula Lafourcade.

"Ese gran movimiento social y cultural impulsado esencialmente por  las agrupaciones cannábicas, cultivadores solidarios e individuales, padres y fundamentalmente madres que lucharon por la salud de sus hijos, generó alrededor de la planta y en el actual contexto represivo, situaciones contrapuestas y hasta efectos paradojales, ya con la modificación del estereotipo de usuario, la interpelación a la ley de estupefacientes o poniendo en evidencia las contradicciones que surgen de la  convivencia de una ley represiva (la 23737) con una ley regulatoria como la  27350 y ahora con la ley de cáñamo industrial", comenzó Araujo.

Luego, se refirió a algunas malas prácticas derivadas de esa tensión normativa: "mientras se fomenta el cultivo controlado y se abren espacios de capacitación de cuidado de la planta de cannabis, crecen en volumen los talleres expositivos y los puntos de información, se siguen reproduciendo las causas penales y, aun cuando no progresen, el daño ya está hecho", subrayó el presidente de AMAFUTAN

Finalmente, propuso una reflexión conjunta entre los distintos actores y operadores judiciales y policiales involucrados en la materia: "debemos resolver qué queremos perseguir y por qué motivos. Es absurdo justificar las persecuciones penales de los cultivadores y/o usuarios en la vulneración a la salud pública, cuando es el propio Estado quien fomenta  y acompaña el uso de los derivados de la planta, en virtud de la enorme evidencia empírica de su uso paliativo y/o complementario en numerosos tratamientos. La ley penal represiva requiere que se instrumenten los ajustes que le permitan estar en consonancia con lo ya resuelto en "Arriola" por  la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde se declaró la inconstitucionalidad de la punición de la tenencia de estupefacientes para uso personal", concluyó.

La jornada estuvo dirigida a profesionales del derecho y de la salud, usuarios de cannabis terapéutico (pacientes, familias, cultivadores e investigadores) personal policial y comunidad en general, recorriendo diversas cuestiones vinculadas a la temática como Reprocann, procedimientos, últimas reglamentaciones,  jurisprudencia, análisis de casos y experiencias que pueden contribuir a una mejor aplicación de la ley.