Locales. Jueces tandilenses cuestionaron dichos de la presidenta sobre la Justicia

Los magistrados Gustavo Echeverría y Pablo Galli, firmaron el documento elaborado por la Red de Jueces Penales de la Provincia de Buenos Aires donde se indica que “ninguna mayoría popular, por aplastante que fuese, podría, por su propia voluntad, legitimar la condena del inocente”.

Los jueces provinciales no están de acuerdo con la “democratización de la justicia” y exigieronla independencia del Poder Judicial.

En el comunicado “los jueces y la justicia”, rechazaron las críticas de la Jefa de Estado y dejaron sentada la posición ante las “recurrentes alusiones a la necesidad de democratizar al Poder Judicial, hechas desde el más alto nivel del Gobierno nacional”.

Si el Poder Ejecutivo nacional “tuviera el propósito de unificar ambas esferas en un solo ámbito de poder institucional, ya sea confiriendo a los jueces la representación popular directa, o a los demás poderes del Estado la injerencia en la resolución de las causas judiciales pendientes, importaría un retorno a etapas históricas superadas de nuestra organización nacional, merced a la sanción de la Constitución Nacional de 1853 que —en los artículos 29, 75 y 109— impide a cualquier poder del Estado irrogarse la suma del poder público”.

“La independencia del Poder Judicial no debe ser concebida como una situación de privilegio para los jueces, ni para las ‘corporaciones’ de jueces y abogados, sino como una garantía de la imparcial determinación jurídica de la verdad, en los conflictos de intereses entre los ciudadanos y, sobre todo, entre los ciudadanos y los otros poderes estatales”, añade el comunicado.

“Cuando se menciona a la democracia, es preciso aclarar que no consiste sólo en un método para la elección de los representantes del pueblo mediante el sufragio y para la adopción, por su intermedio, de las decisiones colectivas en los asuntos de trascendencia política, lo que constituye la dimensión formal o instrumental del funcionamiento de un sistema democrático. La democracia tiene también un significado material, que está directamente referido a los contenidos de las decisiones que se adoptan en un Estado de derecho”, señala el comunicado.

Dejaron en claro que “ninguna mayoría popular por aplastante que fuese, ni siquiera la unanimidad del pueblo, podría —por su propia voluntad— legitimar la condena del inocente, ni la absolución del culpable, como no podría, tampoco, hacer verídico lo que es falso, ni falso lo que es verídico”.

“En el Estado democrático de derecho existe un poder público que se encarga, precisamente, de velar por la efectiva vigencia de los derechos y las garantías fundamentales, es decir, de los derechos humanos consagrados en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales incorporados a ella: ése es el papel institucional atribuido al Poder Judicial”, finaliza el comunicado que lleva la firma de Galli y Echeverría.