4 de enero de 2017
El juez en lo contencioso administrativo de La Plata, Luis Federico Arias,
opinó hoy que "en años electorales se desempolva el manual de la demagogia
punitiva" en referencia a la propuesta del Gobierno de bajar la edad de
imputabilidad de los menores, de 16 a 14 años, para que puedan responder
penalmente por posibles delitos.
"Responde al año electoral, y es más que nada, propagandístico", amplió el
magistrado en Radio Nacional donde se pronunció además por "prevenir y
resguardar los derechos de todos los jóvenes" en vez de "estar discutiendo
medidas que son un clásico de la demagogia punitiva en tiempos electorales,
y represivas".
"Estas ideas son un clásico de la demagogia punitiva cada vez que se acerca
una elección. Los políticos empiezan a hablar de estos temas para conseguir
la adhesión de la gente que necesita una respuesta para la inseguridad; e
intentan demostrar que se están ocupando del problema cuando en realidad no
es así. Si se ocuparan, lo que harían sería prevenir", analizó.
También convocó a "pensar todo lo que cuesta poner más policías en la
calle, más armamentos y patrulleros" al sostener que "si todo ese dinero se
usara, por ejemplo, para volcarlo a las escuelas donde está la primera red
de contención, el resultado sería óptimo".
"El maestro sabe a la perfección qué pibe tiene violencia, qué chico sufre
una adicción. Si uno le pusiera a las escuelas toda esa estructura estatal
de recursos y contención para abordar estas situaciones, se estarían
ocupando en serio, pero los gobiernos no lo hacen", lamentó el juez.
Arias contó que en la actualidad, en la provincia de Buenos Aires, el
sistema penal juvenil establece que "los jovenes de 14 a 16 son
inimputables, mientras que de 16 a 18 son imputables pero con un fuero
específico, pero en la práctica esto no se cumple porque si bien no van a
una cárcel, terminan igual en lugares de encierro y sin políticas de
reinserción social, al igual que en el caso de los adultos".
Esta mañana, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano,
afirmó hoy que la posición del Gobierno respecto a la edad de imputabilidad
de los menores es que "hay una situación en la franja de los 15 años" que
"debe ser abordada abordada por la ley pero en base a consensos con Unicef
y todo el arco político", y dejó sentado que el tratamiento parlamentario
para una reforma del régimen penal juvenil sería en 2018, tras las
elecciones legislativas de este año.
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