16 de agosto de 2010
Desde la Asamblea Ciudadana en Defensa de las Sierras salió al cruce de los secretarios de Obras Públicas y Economía de la comuna, ingeniero Mario Civalleri y Gastón Morando, respectivamente quienes han cuestionado a las voces críticas sobre el proyecto de convenios urbanístico y plusvalía.
Los funcionarios han indicado que los opositores aportan a la confusión.
La entidad expresó “una cosa es el incremento de valor de un inmueble por acción del Estado cumpliendo con el plan de ordenamiento y otra cuando ocurre por el permiso para hacer algo que está prohibido” y se dejó en claro que “si se puede hacer no precisarían excepción”.
“Si los convenios urbanísticos no implican excepciones entonces que lo demuestren cambiando el texto del artículo 6 del proyecto de Ordenanza, donde dice “admitiéndose excepciones” por “admitiéndose proyectos que no requieran excepciones al Plan de Ordenamiento”.
Además destacaron que “es necesario hacer obras en zonas postergadas, pero ソpor qué condicionarlas a la recaudación por este tributo?. Son prioritarias y esto debiera reflejarse en la forma que asignan el presupuesto existente, que todos los ciudadanos sostenemos con impuestos, tasas y contribuciones”.
Asimismo dejaron en claro que “si hay motivos razonables para cambiar el plan de ordenamiento, deben cambiarlos para todos los vecinos y no para privilegiar a algunos”.
Piden que se cumpla el Plan de Ordenamiento Territorial ya que “establece entre sus principales objetivos preservar las Sierras, crucial para cuidar la cuenca hídrica de Tandil y la región”.
También plantean varios interrogantes “ソDónde está el plan de manejo de la zona serrana? ソPor qué en los últimos años se ha construido donde no se debería? ソPor qué se dan excepciones y se aprueban Estudios de Impacto ambiental por decreto que permiten la construcción donde no está permitido? y ソQuién controla las construcciones que avanzan sin declararse?”.
Finalmente aseguraron que “es esta situación de distancia entre los dichos y los hechos la que genera las razonables preocupaciones de muchos ciudadanos. Existen muchas experiencias en las cuales se aplican herramientas modernas y progresistas de gestión territorial, pero presuponen el respeto al plan de ordenamiento general y a la igualdad de los ciudadanos ante la ley”.
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