El decreto ya está firmado. La Asamblea por las Sierras pide al Intendente que no promulgue la excepción para construir un colegio en zona protegida

La Asamblea por la Preservación de las Sierras de Tandil presentó una nota formal al Ejecutivo cuestionando la Ordenanza 19373. Denuncian irregularidades en el cálculo de la "plusvalía" urbana y un desvío de fondos que deberían destinarse a viviendas sociales para financiar obras de infraestructura privada. Sin embargo, el pasado lunes, Lunghi firmó el decreto de promulgación

La controversia por el avance de las construcciones en el cordón serrano sumó un nuevo capítulo de tensión. La Asamblea por la Preservación de las Sierras de Tandil elevó este jueves, un reclamo al Intendente Miguel Lunghi solicitando que no promulgue la Ordenanza 19373, la cual autoriza de forma excepcional la construcción de un edificio destinado a un colegio en un terreno ubicado en la Zona Natural Protegida Sierras de Tandil.

El pedido ciudadano llega tarde, porque el Intendente firmó el decreto de promulgación de la polémica ordenanza el pasado lunes 20, bajo el número 2255/2026.

El principal argumento de los vecinos y ambientalistas es que, según los propios mapas municipales, el terreno se encuentra en un área resguardada donde no correspondería aprobar un edificio educativo.

Además, advierten que cualquier excepción vinculada a la Zona Protegida requiere, según la Ordenanza 12679, una mayoría especial de tres cuartos de los concejales presentes, requisito que se habría omitido en este caso.

"Ningún pago por excepciones compensa la afectación al ambiente y la igualdad ante la ley", señalaron desde la organización, calificando la decisión de los concejales como "incomprensible".

Las "cuentas" bajo la lupa: Plusvalía y obras cloacales

Más allá del impacto ambiental, la Asamblea denuncia un manejo irregular de los recursos públicos. El eje de la polémica radica en una obra cloacal necesaria para el proyecto, valuada en 180 millones de pesos. Según los informes técnicos, el colegio utilizaría solo el 35 % (63 millones), mientras que el municipio debería costear el 65 % restante (117 millones), erogación que no estaba prevista en el Presupuesto.

La indignación de la Asamblea se centra en el destino de la plusvalía urbana (estimada en al menos 49 millones de pesos por el excedente de construcción). Según la Ordenanza 12680, este dinero debería repartirse equitativamente (50% y 50%) entre la construcción de viviendas sociales y obras de infraestructura en barrios populares.

Sin embargo, la denuncia sostiene que los concejales autorizaron que esos 49 millones se tomen "a cuenta" de lo que los particulares deben pagar por la obra sanitaria. En la práctica, esto significa que:

• El municipio recibirá cero pesos para viviendas sociales.
• Se le "ahorra" al privado gran parte de su inversión en cloacas.
• El erario público debe desembolsar $117 millones para una obra que no estaba prevista ni es prioritaria frente a otras necesidades barriales.

Pedido de transparencia

Ante lo que consideran un desvío de fondos destinados a los sectores más vulnerables para favorecer un interés particular, la Asamblea ha solicitado formalmente:

• La no promulgación de la ordenanza por parte del Intendente.
• Información pública detallada sobre el Convenio Urbanístico y los Acuerdos de Compromiso de Obras.
• Apertura de una instancia de participación con la comunidad para discutir el impacto y la legalidad del proyecto.

Hasta el momento, desde el Palacio Municipal no se ha emitido una respuesta oficial a la misiva enviada por la Asamblea.