Locales. La Asamblea por las Sierras publicó una Carta Abierta “al pueblo de Tandil y a los candidatos”

Desde la agrupación preservacionista emitieron un nuevo comunicado, en el que advierten que en estas elecciones “no sólo elegimos personas, referentes, imágenes, partidos. Están en juego grandes hechos que definirán la ciudad en la que vivimos y vivirán nuestros descendientes. No elegimos entre fulano y mengano, nombres que no recordarán nuestros nietos”.
Entre los párrafos salientes de la carta que fue publicada en las redes sociales, se hace hincapié en que “si las Sierras son la identidad de Tandil y la calidad ambiental un valor fundamental a cuidar, la preservación de las Sierras es un tema clave de la agenda común. En las Sierras no hay que construir, no sólo se pierde biodiversidad, paisajes, lugares donde siempre hemos podido caminar, se pone en riesgo la calidad del agua de Tandil, ya que en las sierras están las principales, y a la vez más vulnerables, áreas de recarga del acuífero que abastece a la ciudad. Las casas y caminos cambian la escorrentía favoreciendo inundaciones de las zonas no serranas, se amplían los incendios y los riesgos de sus efectos y se obliga a todos a mantener servicios mucho más onerosos que los necesarios en las zonas adecuadas para urbanización. La ciudad como un todo pierde cuando se construye sobre las Sierras”.
Afirman que “Tandil tiene zonas apropiadas para la construcción. Que existan lotes accesibles en zonas urbanizables es necesario, posible y de principal responsabilidad de las autoridades, como lo demuestran los numerosos casos en que grupos de vecinos han formado asociaciones civiles para acceder a lotes, es el Estado el que ha debido realizar lo necesario para que sean habilitados. ¿Por qué no se hace lo mismo con otras manzanas en zonas adecuadas? ¿Quizá porque no se quiere intervenir en el mercado inmobiliario bajando los precios?”
Consideran “sugestivo, contradictorio y ofensivo”, que las autoridades “destaquen el unánime rechazo en el Concejo Deliberante a la toma de tierras por un grupo, y no se den por aludidos cuando se trata de algunos casos como las tomas en la propia Villa Cordobita cuando lo hicieron algunas de las personas que les vendieron a las que hoy se dicen dueñas, o por ejemplo, en Villa de Lago, donde avanzan casas sin cartel de obra, clandestinas y sobre terrenos de una antigua quiebra”.
También criticaron que “existe una pésima utilización del usucapión, ya que no se trata de formas de regularizar la tenencia de una vivienda única ocupada efectivamente desde hace 20 años, sino de la apropiación basada en un desigual acceso a la información administrativa y judicial, que ha permitido que algunos particulares se estén quedando con tierras que provienen de quiebras y debieran ser públicas, pagando impuestos con retroactividad para simular una posesión que no se tiene”.
“Sólo una parcial y sesgada interpretación de las normas puede considerar ‘normal’ esta situación” –añaden-, “cuando por el contrario, existe la posibilidad de que todo terreno en situación irregular de dominio se incorpore a un banco de tierras público, gestionado de forma transparente”.
Recuerdan en la nota que “loteamientos y ventas a plazo fueron realizadas en las décadas del 50 y 60. Sólo los primeros compradores lograron construir, escriturar y aprovechar el agua escasa que se puede obtener de las napas en las sierras. Para la mayoría, a poco de empezar a construir, se mostró que no existe agua suficiente. Tampoco se cumple con lo establecido en la ley 8912, aún vigente, que no habilita la construcción donde no hay agua ni posibilidades de proveer cloacas”.
“¿Por qué entonces desde hace unos años se avanza en trámites de usucapión de esas tierras y en su construcción? ¿Será porque el mensaje que han enviado las autoridades es que finalmente lo convalidarán y no desmantelarán nada de lo que se está haciendo? De hecho: se tolera la construcción, se les lleva el agua con un aguatero, se convalida a los apropiadores, y sin más, se dan por válidos los derechos de un particular al que previamente se le facilitó el pago de impuestos de varias propiedades que no eran suyas”, advirtieron los asambleístas.
En otro párrafo se habla de “la ambigüedad en el discurso, la demora en la presentación de una norma que sería válida para todos los ciudadanos, la ausencia de control, son hechos concretos, muestran que esa permisividad es el principal aliciente a un gran negocio inmobiliario. Dicho de otro modo, el numeroso listado de personas pagando los impuestos de varios terrenos en las Sierras, muchos muy cercanos a funcionarios de gobierno, ¿para qué pagarían impuestos y se apropiarían de estos terrenos si se aplicara la restricción a construir en las Sierras? No se ha aprobado una norma definitiva sobre la construcción sobre las Sierras para favorecer un negocio que beneficia a unos pocos y perjudica a la ciudad en el presente y en el futuro”.
También opinan que “el Municipio, al tolerar y promover su ocupación, además, crea obligaciones de llevar servicios donde es más costoso. La gente se instala sabiendo que no hay agua suficiente y aceptando que se la lleven con un camión aguatero, y luego se moviliza pidiendo que le lleven los servicios. Agua, electricidad, seguridad, conservación de caminos, bomberos, etc., etc. Es decir, se coloniza un área natural para convertirla en una zona urbana y luego se obliga al conjunto de la ciudadanía a sostener mayores gastos que los que habría si se realizara un crecimiento racional de la ciudad”.
La asamblea se pregunta “¿Cómo interpretar entonces que se dejen avanzar clandestinamente construcciones en gran parte de las Sierras? ¿Cómo entender los permisos excepcionales a algunos? Lo que ha hecho en la última década es una política. Una política que no se firma, porque sería contraproducente electoralmente decir que están de acuerdo con que algunos sectores construyan sobre las Sierras, pero una política sistemática y coherente que se ve en los resultados: construcciones sobre las Sierras y grandes negocios inmobiliarios. Esto no es progreso”.
Llamaron a definir “la visión del Tandil que queremos y con la idea de democracia que sustentamos como sociedad. Sin igualdad ante la ley, sin ley pareja, sin un plan que tengamos que cumplir todos por igual, sin gobernantes que asuman que tienen que cumplir la ley, no decidir quién la cumple y quién no, estamos ante un ropaje de democracia que encubre una visión seudo feudal de la política”.
Quienes reclaman una mayor protección del cordón serrano, proponen “una agenda común que contenga como mínimo los siguientes criterios: NO más construcción en las Sierras; Que el HCD promueva ante la justicia la revisión de los demás casos existentes de toma de tierras, que se investigue y se delimiten responsabilidades; Integración de todas las tierras en situación irregular, proveniente de quiebras, vacantes etc. a un Banco Público de tierras y, de ellas, las que resultaren aptas para la urbanización (no sobre las sierras), que sean gestionadas de forma transparente y con amplio acceso público a la información; Creación de áreas urbanizables adecuadas al crecimiento de la ciudad y ambientalmente sustentables; Medidas de fomento al acceso a la tierra para todas las familias, en lugares adecuados y con formas de pago relacionadas a la capacidad adquisitiva; Presentación del Plan de Manejo de la Zona Protegida Sierras de Tandil que garantice la detención de las actividades degradantes sobre las Sierras y el manejo compatible con el espíritu de la Ley de Paisaje Protegido que establece que debe garantizarse el acceso libre y público; Y a todos los poderes del estado, vayan a elecciones o no, les recordamos que su legitimidad surge del compromiso con una justicia para todos”.