respondió la consulta del Concejo Deliberante. La Asesoría General de Gobierno confirmó la validez de los decretos que actualizaron la tarifa del transporte público

En su resolución, la Asesoría analizó exclusivamente la situación planteada por el Concejo Deliberante en esta oportunidad y concluyó que, más allá de la invalidez del mecanismo de "silencio positivo" incluido en los decretos, los nuevos cuadros tarifarios fijados en sus artículos 1º resultan válidos, por encontrarse dentro de las atribuciones que la normativa vigente otorga al Departamento Ejecutivo.

Alcance del dictamen

El organismo provincial analizó los antecedentes y hechos expuestos por el Concejo Deliberante en su nota de consulta, y sobre esa base desarrolló su dictamen, a la vez que aclaró que el mismo no es vinculante.

Entre esos elementos se mencionan: la solicitud de actualización presentada por la Cámara de Transporte; las restricciones adoptadas por las empresas; la falta de definición legislativa en trece reuniones de la Comisión de Transporte; y la necesidad de resolver una situación que afectaba la continuidad del servicio.

A partir de eso, la Asesoría General determinó que la Ley Nº 12.953 -que modifica el artículo 5º del Decreto-Ley Nº 7466/69- habilita al Departamento Ejecutivo, al igual que al Concejo Deliberante, a establecer y aprobar valores tarifarios en materia de transporte público, tratándose de un régimen especial que prevalece sobre la normativa general de la Ley Orgánica de las Municipalidades.

Por ese motivo, y circunscribiéndose al caso consultado, el organismo dictaminó que la actualización tarifaria dispuesta por el Intendente se encuentra impulsada en el marco de sus atribuciones legales.

Urgencia, servicio esencial y contexto que llevó a la intervención del Ejecutivo

En la situación analizada -según la descripción incluida en la consulta elevada por el Concejo-, el sistema de transporte atravesaba un deterioro progresivo derivado de la falta de actualización tarifaria. Entre los elementos mencionados:

13 intentos fallidos del Concejo Deliberante para tratar la actualización.

Restricciones en las frecuencias y reducción de servicios ante el desfasaje del boleto respecto de los costos operativos.

Riesgo de afectar la prestación de un servicio esencial que moviliza a más de 55.000 usuarios en Tandil, María Ignacia-Vela y Gardey.

El dictamen incorpora estos elementos como parte del análisis del caso concreto, en el que se señala la necesidad de "resolver y dar previsibilidad a los usuarios como a los prestadores", según lo expresan los propios decretos evaluados.