12 de enero de 2010
A raíz de los artículos periodísticos que aludían a una conmoción en la ciudad frente a denuncias por la investigación de unos 20 casos y la cuestionable labor de los judiciales, la Asociación de Abogados de Tandil, entiende que se trata de una “ gravedad institucional” las manifestaciones y opiniones de dichas publicaciones y fijó postura al respecto.
En reunión de comisión directiva, los abogados acusaron a la nota “amarillista” de tener “la evidente e inocultable finalidad de articular una campaña mediática tendiente a lograr la improcedente intervención de resortes políticos –del estado nacional y/o provincial— en el ámbito del Poder Judicial local”, creando “un ambiente de opinión pública adversa al sistema judicial” y, en última instancia, instalando “una confusión generalizada acerca de la realidad judicial de nuestra ciudad, todo ello en un intento de presión para menoscabar el ámbito de actuación y decisión de la Justicia local”.
Desde la Asociación se aclaró que “en las sociedades modernas, organizadas sobre la base del estado democrático y pluralista, es un valor central la discusión y debate ante la sociedad, por los medios de comunicación, de las cuestiones de interés público del estado, en cualquiera de sus funciones –administrativa, legislativa y judicial-”.
Empero, señalan que “ello no puede erigirse en la excusa para la denuncia ligera, aviesa y malintencionada, sobre presuntas irregularidades que ni siquiera se explican mínimamente, para luego concluír en la inacción –o acción irregular, deficiente o insuficiente— de los órganos jurisdiccionales locales en casos tan aberrantes como los de abuso sexual infantil”.
Tampoco sostienen que que puede admitirse “la difusión pública de casos judiciales tenga por finalidad convertir a la prensa, y por su intermedio a la comunidad toda, en una última instancia decisoria”.
“Ello -continuaron- es particularmente grave cuando la praxis profesional abogadil revela, claramente, dos aspectos insoslayables para la consideración de la problemática que se plantea: de un lado, la cada vez más alarmante utilización extorsiva de denuncias de hechos de violencia familiar o abuso sexual para lograr objetivos inconfesables en la resolución de conflictos familiares y, de otro, que en nuestra ciudad se registran múltiples condenas por abuso sexual, en casos de resonancia pública, circunstancia esta que, desmiente, la denunciada irregularidad judicial”.
PRUDENCIA
Consecuentemente, la institución entendió necesario exhortar a la “mayor prudencia para abordar cuestiones tan delicadas como las relativas a la conflictiva familiar. Prudencia que debe imponerse, en primer término, a los propios abogados, cualquiera sea la parte o el interés que defiendan. La abogacía, recordaba Couture, tiene su “fair play”, el cual consiste no sólo en el comportamiento leal y correcto en la lucha, sino también en el acatamiento respetuoso de las decisiones del árbitro”.
También pidieron prudencia que “debe guiar el accionar de quienes tienen la noble, y no menos difícil, tarea de juzgar, para discernir los artificios, astucias y maquinaciones, de los casos reales, en los que verdaderamente haya un culpable que, previo juicio justo, merezca un castigo ejemplar”.
Como también “prudencia a los demás resortes políticos del estado, nacional y provincial, en aras del respeto irrestricto de las decisiones judiciales. La adversidad ante el Tribunal o se corrige ante otro Tribunal superior, o debe ser admitida con dignidad”.
Finalmente se pidió prudencia “a los medios de comunicación y la comunidad toda. Porque la Justicia, como decía Sócrates, “…quiere que no se deba la salvación a los ruegos, que no se suplique al Juez sino que se le aclare la cuestión y que se le convenza: pues el Juez no se sienta aquí para sacrificar la Justicia al deseo de complacer, sino para cumplirla religiosamente...”.
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