La Cámara de Diputados de la Nación aprobó este martes por la mañana la ley de Bases y Puntos de Partida en general. Fue por 142 afirmativos, 106 negativos y 5 abstenciones.

Tras una ronda de cuestiones de privilegio, los legisladores votarán en particular el mega proyecto. Por lo tanto, se espera que para el mediodía la Cámara baja inicie la votación en general, y posteriormente, en particular, del paquete fiscal.

Sin cuarto intermedio, los legisladores se abocaron a la discusión en particular del articulado, por capítulos, instancia en la que se prevé una votación más ajustada en los puntos más conflictivos. Después, el proyecto deberá ser tratado en el Senado, donde el oficialismo ya sufrió el revés para validar el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23.

Además del oficialismo, la iniciativa contó con el apoyo del bloque de PRO, el grueso de los bloques de la UCR, Hacemos Coalición Federal y la Coalición Cívica. A ellos se sumaron los ocho diputados de Innovación Federal, que representan a los gobernadores de Misiones, Río Negro y Salta, y Osvaldo Llancafilo, del Movimiento Popular Neuquino (MPN).

En la vereda contraria se ubicó Unión por la Patria, los bloques de izquierda y Natalia De la Sota (Córdoba Federal). En tanto, los radicales Facundo Manes, Fernando Carbajal, Marcela Coli y Pablo Juliano, y la legisladora de la CC, Mónica Frade, optaron por la abstención.

Esta versión de la Ley Bases, más acotada que la que se presentó en diciembre pasado -la cual naufragó por falta de consenso- preserva las principales herramientas que demanda el Gobierno para esta etapa de su gestión.

Incluye la declaración de la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por un año, como así también la facultad para reorganizar, fusionar o disolver organismos de la administración central. Ante los reparos de la oposición sobre este último punto, el oficialismo accedió a exceptuar de una eventual disolución a una quincena de organismos públicos, aunque aun así este artículo promete generar una fuerte discusión en el recinto.

Asimismo, la iniciativa incorpora una reforma laboral que apunta, fundamentalmente, a flexibilizar las condiciones de contratación por parte de las empresas: extiende a seis meses el período de prueba para los nuevos trabajadores, plazo que se puede prolongar hasta ocho meses y un año para las PyME, según su tamaño; asimismo, se elimina el cobro de multas por el trabajo mal registrado y habilita a las empresas a crear un Fondo de Cese Laboral, un mecanismo alternativo al actual régimen de indemnizaciones.

Por otra parte, el proyecto incorpora un ambicioso Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) para proyectos de montos superiores a los US$ 200 millones, al tiempo que declara sujetas a privatización a una decena de empresas del Estado, entre ellas Aerolíneas Argentinas.

Mientras transcurrió el debate legislativo, que comenzó a las 13.30 del lunes, cientos de manifestantes repudiaron el proyecto frente al Congreso en el marco de una concentración convocada por sindicatos y partidos opositores, principalmente vinculados a la izquierda.

(NA)

(La Nación)