27 de abril de 2023
María Eugenia Vidal todavía no avisó si se baja de la candidatura a la Presidencia, pero la Justicia acaba de darle un toque de alerta. La Cámara Nacional Electoral confirmó una resolución del juez electoral Alejo Ramos Padilla que había reprobado la rendición de cuentas sobre gastos de campaña hechos por Cambiemos en las primarias de las legislativas de 2017. Es otra vuelta de tuerca (ahora en la instancia máxima) de la causa conocida como "aportantes truchos", que comenzó a ventilarse en 2018. Además de gobernadora Vidal era la presidenta del PRO a nivel bonaerense.
En aquel momento, tras una investigación del periodista Juan Amorin y una denuncia judicial de Teresa García, actual presidenta del bloque oficialista de senadores en la Provincia, quedó en evidencia que Cambiemos utilizó presuntos aportantes que no estaban en condiciones económicas de entregar las sumas que figuraban en los registros. Otros directamente ni aportaron. Sus nombres fueron utilizados sin permiso. Amorin detectó 800 identidades coincidentes con beneficiarios de planes de Anses.
"Esto es una estafa y es lavado de dinero", dijo entonces a Página/12 Roberto Daniel García, un concejal de Avellaneda que fue 14 años dirigente del PRO.
Otra clave fueron las actividades de la entonces tesorera del PRO, María Fernanda Inza, responsable de los aportes de campaña. Vidal la promovió, además, como contadora general de la Provincia, un cargo clave de asesoramiento y control interno. Inza duró solo una semana en el puesto. Fue el fusible que debió quemar Vidal para que la descarga no la alcanzara de lleno.
Intervino el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak, que subrogaba el juzgado electoral vacante en ese momento, y después tomó el asunto Ramos Padilla, en funciones desde 2021.
En este nuevo capítulo de la historia la Cámara, integrada por Santiago Corcuera, Alberto Dalla Vía y Daniel Bejas, acaba de decidir que sigan adelante "las actuaciones pertinentes, a fin de determinar las eventuales responsabilidades personales que pudieran corresponder de acuerdo con el procedimiento establecido en los artículos 146 y concordantes del Código Nacional Electoral".
Dice el artículo 146 que "si en el marco de los procesos previstos en las leyes electorales, se evidenciara o fuese denunciada la posible comisión de un delito tipificado en el Código Penal o sus leyes complementarias, su investigación estará a cargo del juez federal con competencia electoral correspondiente".
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