Locales. La carátula penal es "reducción a la servidumbre"

Las condiciones infrahumanas que sufrían decenas de trabajadores rurales en un campo de Portella, partido de Baradero, donde un papero tandilense resultó involucrado por testimonios como presunto socio del arrendatario, sigue despertando repercusiones políticas.
El ministro de Trabajo provincial, Oscar Cuartagno, aseguró que la causa que cursa el Juzgado Federal de Campana, donde se dictó un pedido de captura para el balcarceño Miguel Oscar Di Lucca, fue caratulada como "reducción a la servidumbre".
También surgió en las últimas horas que los trabajadores, bolivianos, paraguayos, santiagueños y tucumanos, habrían manifestado su voluntad de regresar a sus lugares de origen, previo pago de la totalidad del salario adeudado.
Por otro lado, un trascendido indicaba que la Justicia Federal planeaba citar al propietario del inmueble rural, con vistas a avanzar en la pesquisa que intenta dilucidar la responsabilidad penal en la explotación de los operarios.
Según aseveró Cartagno a "FM Baradero", "estas situaciones deben ser combatidas con todo rigor porque los niveles de explotación son inhumanos".
Paralelamente habló de un panorama de "extrema precariedad", donde los peones golondrina "estaban siendo explotados en una situación de semi exclavitud, al punto de que jamás les pagaron los salarios".
Clarificó el ministro que "hay dos causas que corren por cuerdas separadas: una en la Justicia Federal, por “reducción a la servidumbre”, y otra en el campo de las actuaciones laborales, que intentan normalizar las condiciones de trabajo y penalizar a los empresarios que las incumplieron.
El funcionario sciolista recalcó más tarde que "los empleadores fueron desaprensivos" en este caso, pues "estos emprendimientos están hechos con mala fe e intención desde su origen".
De acuerdo al titular de Trabajo, "los verdaderos dueños rara vez aparecen, y suelen utilizar testaferros insolventes".