26 de septiembre de 2014
El Jurado de Enjuiciamiento revisó el expediente SJ144/11 “Monserrat, Silvia Inés, Jueza a cargo del Juzgado de Familia Nº 1 de Tandil, Departamento Judicial Azul, s/ Galván Ana Isabel, - denuncia” y su acumulada SJ 160/10 “Monserrat, Silvia Inés, Jueza a cargo del Juzgado de Familia Nº 1 de Tandil, Departamento Judicial Azul s/Pereyra María Eugenia – denuncia”, tramitadas por la Secretaría Permanente del Juzgado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires.
El presidente del mencionado jurado, convocó ayer a los señores miembros del Tribunal, a una sesión para analizar estas dos causas y por mayoría, se resolvió no avanzar con el jury de enjuiciamiento, al considerarse que las motivaciones contra la magistrada no son suficientes.
De la audiencia de ayer, que duró más de dos horas, surgió que el jurado compuesto por legisladores y conjueces consideró que no hay elementos para continuar con la investigación contra la magistrada, aunque se resolvió elevar las actuaciones a un Consejo Superior, dentro del ámbito de la Corte Suprema de Justicia de la provincia, que se dedica a evaluar la actuación de los jueces. A partir de esta resolución, la jueza continúa normalmente en su cargo.
Vale mencionar que solo se analizaron los dos expedientes detallados más arriba, que fueron impulsados por las abogadas Ana Galván y Fátima Silva y no otros expedientes que se siguen contra la Dra. Monserrat, como por ejemplo las denuncias efectuadas por trabajadores judiciales por malos tratos y persecusión laboral.
LA DENUNCIA DE LOS TRABAJADORES
En julio pasado, integrantes de de la Asociación Judicial Bonaerense junto a referentes gremiales, confirmaron la denuncia por violencia laboral, en los términos de la ley 13.168, contra la Dra. Monserrat, solicitando la suspensión provisoria de la magistrada y el traslado de seis empleados.
Los dirigentes comentaron en esa oportunidad que se había llegado a esa situación a partir de distintos episodios que vivieron integrantes del equipo técnico del juzgado, como así también un consejero de familia y una empleada abogada. Desde gritos, pasando por amenazas fueron algunos de los hechos que se produjeron en diferentes momentos y que salieron a la luz a partir de esa denuncia.
Por estos y otros motivos, desde la Asociación Judicial Bonaerense se buscaba el traslado de distintos trabajadores amparados en el artículo 2 de la ley 13.168.
Pablo Abramovich, secretario general de la AJB de la provincia, reconocía que “vinimos a partir de la denuncia realizada por trabajadores del Juzgado de familia de Tandil. Se denuncia a la jueza Monserrat por violencia laboral en un sin número de casos. Los mismos fueron contra trabajadores, peritos, funcionarios y empleados administrativos”.
Luego, el dirigente mencionó que “la denuncia fue presentada la semana pasada y lo que pedimos es que se investigue a partir de esta situación. Estamos convencidos que hubo violencia laboral, en el marco de la ley 13.168”.
Por su parte, Oscar Yenni, secretario gremial, expresó que “nosotros una vez radicada la denuncia lo que pedimos como medida de prueba es el traslado de los compañeros que integran el cuerpo técnico del tribunal de familia, como de uno de los consejeros. Ellos son víctimas de esta violencia laboral y por ende le pedimos a la Corte que también evalúe psicológicamente y psiquiatricamente a la titular del juzgado. Nos parece que aquel que ejerce violencia laboral pase por Sanidad de la Suprema Corte”.
Desde la Asociación Judicial Bonaerense pidieron la suspensión provisoria de la magistrada al destacar en el pedido a la Suprema Corte que “surge claramente que la conducta violeta la ejerce la Jueza sobre el equipo de trabajo del Juzgado, ya sea directamente o a través de la Secretaria, doctora Pogorzelsky, quién ungida de los poderes que le otorga la función y cumpliendo expresas instrucciones de SS realiza materialmente las tareas que le fueron encomendadas por aquella, tendientes a perseguir a sus subordinados”.
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