25 de abril de 2012
por Rubén Giustiniani (*)
El sector energético fue desarticulado mediante la privatización y desregulación llevada a cabo durante la década del "90: privatización que tuvo como consecuencia una gigantesca transferencia de la renta petrolera a empresas privadas extranjeras, y una política de explotación indiscriminada de reservas en pos de la exportación y obtención de ganancias extraordinarias en detrimento del autoabastecimiento energético interno y la promoción del desarrollo nacional.
Esta decisión del Gobierno nacional que hoy va en una dirección correcta, es la contracara de la errónea política que llevó adelante en los últimos 8 años, que profundizó y consolidó la política energética del neoliberalismo, en un escenario de restricciones presupuestarias, donde las importaciones ya no son una opción, ha hecho eclosión.
Alfredo Palacios decía recordando los debates parlamentarios de las primeras décadas del siglo pasado: "levanté mi voz en el Senado pidiendo la nacionalización del petróleo y su explotación por el Estado para salvar nuestra riqueza y no aparecer, algún día, como víctimas en la historia".
Desde el inicio nosotros planteamos en apoyar en general esta medida que consideramos correcta y necesaria. Sin embargo vamos a plantear en el tratamiento en particular dos aspectos: -el primero, que las acciones no sean sólo para las provincias petroleras. Porque resulta contradictorio el concepto de la empresa conformada por un Concejo Federal donde participan todas las provincias y el paquete accionario sólo lo tienen las provincias petrolíferas, que cobran regalías. Esta definición le hace perder consistencia a la empresa como tal.
El segundo tema es el control.
Queremos una empresa transparente y eficiente. Por lo tanto, queremos incorporarle un artículo en el que quede expresamente manifestado el rol de la Auditoría General de la Nación sobre el contralor del papel de los funcionarios en el manejo de la empresa, porque a pesar de ser una sociedad anónima es una empresa con mayoría estatal.
YPF representa solo el 30 por ciento de la producción petrolera y el 25 por ciento de la del gas. Sin dudas, que se está dando un paso adelante para regular, controlar y limitar un mercado oligopólico, y para garantizar el abastecimiento interno y la defensa del bolsillo de los usuarios. Ahora, el aprovechamiento de este potencial dependerá, en gran medida, de la voluntad política para avanzar en el diseño de un plan estratégico y para eso se necesita la sanción de una nueva Ley de Hidrocarburos que reemplace a la de la dictadura de Juan Carlos Onganía.
Hoy estamos frente al punto de partida para avanzar en la formulación de un nuevo rol del Estado en materia de política energética y de hidrocarburos. Política que deberá garantizar el funcionamiento del mercado de hidrocarburos con el Estado como rector en la materia, la preservación de las reservas, la defensa de los consumidores, la promoción de la exploración y la definición de un plan estratégico junto a la sanción de un nuevo marco regulatorio que garantice la explotación racional y sustentable de los recursos.
(*): Senador nacional del Partido Socialista.
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