Locales. La defensa de Juan Rosso espera que esta semana le otorguen la domiciliaria

La abogada defensora de Juan Martín Rosso, Dra. Patricia Perelló, comentó a La Voz que fueron notificados el pasado viernes de la resolución de la Cámara de Casación, que "denegó recurso presentado por el Fiscal General y el particular damnificado", para evitar que el docente recibiera el beneficio de la prisión domiciliaria.

A fines de junio, el mismo Tribunal de Alzada le había concedido a Rosso el beneficio de la prisión domiciliaria, pero días después, la Jueza Aracil suspendió la medida "por no estar firme la resolución".

"Con esta medida (notificada el viernes último), sigue en pie la resolución de la Cámara, que le otorga la domiciliaria a Rosso", explicó Perelló, quien aseguró que "esta semana la Dra. Aracil la tendrá que hacer efectiva".

"Es una resolución breve. Simplemente, menciona el artículo que establece cuándo se puede recurrir en Casación y es claro que este no es un caso comprendido en la ley. Por eso inadmisible que el fiscal general y el particular damnificado, hayan recurrido algo irrecurrible y lo único que se haya logrado, es demorar la prisión domiciliaria de Juan Rosso, durante tres meses", señaló la representante legal del imputado, en contacto con este medio.

Perelló consideró que la medida de la salida del penal de Barker para trasladarse a un domicilio particular donde Rosso permanecerá a la espera del juicio, "tiene que cumplirse ya. Mañana (por este lunes), la jueza va a tener todo y lo tiene que efectivizar ella. Tendrá que preparar todo para cumplir lo que la Cámara dispuso. Este es un trámite urgente".

Juan Martín Rosso está acusado del delito de abuso sexual infantil contra un menor de 5 años, que habría ocurrido en el interior del Jardín de Infantes 901, en julio de 2019.

El docente de teatro, permanece detenido en el Penal de Barker desde octubre del año pasado, en tanto sus familiares y amigos proclaman públicamente su inocencia y han realizado movilizaciones pidiendo por su libertad.

Por otro lado, también han cuestionado el manejo de la causa por parte del fiscal Ignacio Calonje y la Jueza Aracil, a quienes acusaron de instruir las actuaciones con "parcialidad manifiesta", favoreciendo a la parte demandante.