22 de febrero de 2014
“Consideramos que la situación creciente de luchas, reclamos y reivindicaciones en relación al acceso a la vivienda que se ha venido presentando en la ciudad y particularmente las ocupaciones, han sido y son producto de las reglas y el modelo de la actual política del gobierno local que claramente impide al acceso universal a la tierra y a la vivienda digna, para los sectores empobrecidos”, consideraron desde el espacio.
En la misiva reconocen que “la imposibilidad de contar con un espacio donde desarrollar la vida cotidiana; esto es, la no posesión de una casa o de un lugar donde construirla, genera condiciones de absoluta vulneración de derechos fundamentales para las familias que se encuentran en dicha situación, derechos que solo podrán ser restituidos, con la implementación de políticas inclusivas por parte del Estado”.
“Como Asamblea, en la ciudad de Tandil, hemos venido expresando nuestro particular rechazo a los desalojos realizados y previstos por el gobierno municipal como asimismo venimos exigiendo un cambio en el diseño de programas, planes y políticas en referencia al habitat y la vivienda”, agregan.
“Con el presente comunicado queremos informar acerca de la situación por la que atraviesan, 14 grupos familiares en el Barrio La Movediza, que desde el 10 de febrero residen en casas a medio construir, por no contar con posibilidades reales de acceso a una vivienda. Hemos realizado un relevamiento en el lugar y constatamos la situación de total vulneración de derechos en que se encuentran estas familias, en relación a las condiciones de vida en que están llevando adelante su cotidianeidad. Nos encontramos con jóvenes y niños, que ven afectado el derecho humano a la vivienda y expresamos que dicha situación en casos de vulnerabilidad extrema, compromete la responsabilidad del Estado”, opinaron los integrantes de la asamblea.
Según el documento enviado a nuestra redacción, “estos y estas jóvenes con sus hijos que ven sistematicamente cerradas las posibilidades de acceder a una vivienda y muchas veces a un trabajo, han decidido cobijarse en casas en construcción, a partir de un fideicomiso de Anses, algunas de la cuales se dice que estarían ya adjudicadas. En relación a ello, como Asamblea, nos solidarizamos con aquellos ciudadanos que siguen a la espera de una solución habitacional y los invitamos a sumarse en forma colectiva y organizada, en la búsqueda de soluciones integrales al problema de la vivienda. Si bien reconocemos que las políticas de vivienda implementadas a nivel nacional constituyen un avance en la lucha de los trabajadores, las llamadas "tomas", evidencian que aún siguen quedando excluidos amplios sectores de la clase trabajadora, desocupados o subocupados y aun quienes insertos en el mercado laboral, perciben bajos salarios. En tal sentido, la política de vivienda actual implementada por el Estado fragmenta a la clase obrera y "vuelve a poner a pobres contra pobres"”.
En relación a las familias de la Movediza, la asamblea denunció que “se están vulnerando cuanto menos seis de los derechos reconocidos por la legislación nacional e internacional vigente, como son derecho a la vida, derecho a la educación, derecho al agua, derecho a la alimentación, derecho a la salud y derecho a la protección. Asimismo se ve afectado el derecho al acceso a una vivienda digna, contemplado en el art 14 bis, de la Constitución Nacional de la República Argentina (en relación a ello tanto la defensa del "bien de familia" como el "acceso a una vivienda digna" obligarían al Estado a crear las condiciones económicas y los regímenes crediticios que permitan el ejercicio cierto del derecho natural a ser propietario)”.
“Mientras ello ocurra se constata vulneración de derechos y riesgos en el estado de salud de las 48 personas; entre ellos 27 niños, niñas y adolescentes. Ambos aspectos se evidencian en principio, en la imposibilidad de llevar adelante las cuatro actividades elementales como son asearse, dormir, ir al baño y comer, por no contar las construcciones con las instalaciones internas de gas, agua y electricidad, ni el predio con los servicios urbanos necesarios para el desarrollo de la vida cotidiana de los grupos familiares en cuestión”.
Por otro lado, manifestaron que “los documentos por los cuales se les informa la situación de imputados en una causa penal, originadas por el fiscal Morey, no hacen más que profundizar la situación de exclusión, pobreza y vulnerabilidad extrema en que se encuentran, dado que no se perciben soluciones al problema de la vivienda de estas 48 personas, sin el compromiso del Estado, por no contar los y las ciudadanas implicados, con recursos materiales ni monetarios que les permitan encontrar una solución por la vía del mercado inmobiliario”.
“Con el fin de modificar la situación de vulneración de derechos de la que estas personas son víctimas, solicitamos una urgente revisión de la decisión judicial como asimismo y respecto al destino habitacional de este grupo de ciudadanos y ciudadanas, la propuesta de una solución alternativa a largo plazo y que contemple un inmediato cambio de situación habitacional implicada en la restitución de derechos humanos y civiles”.
“Dadas las condiciones arriba descriptas en las que estos ciudadanos y ciudadanas, se encuentran, estamos organizado una Jornada Solidaria, a la que convocamos a la población sensible de Tandil, a que colabore con ropa de chicos, pañales y alimentos. La fecha y el lugar están a confirmar”.
ASAMBLEA POR TIERRA Y VIVIENDA
Es una agrupación constituida por vecinos de diferentes barrios de Tandil y distintas organizaciones de la sociedad civil, “que compartimos la necesidad de expresar la preocupación por el acceso a la tierra y a una vivienda digna para los sectores con derechos vulnerados”.
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