4 de febrero de 2017
El Fiscal Federal subrogante, Pablo Esteban Larriera, informó que desde ese estamento de la justicia se apeló la decisión del juez de feria que habilitó a que liberara la clausura de dos de los nueve predios clausurados, sin perjuicio de la continuidad de la causa. La decisión ahora recae en instancias superiores.
El Fiscal Federal subrogante, Pablo Esteban Larriera, informó en las últimas horas a través de Radio Tandil que la familia Franco, propietarias de los desarmaderos “El Taca” hicieron dos presentaciones a través de su defensa para que se levantaran las clausuras de los predios.
Recordemos que el pasado 5 de diciembre, se procedió a realizar distintos allanamientos en 8 predios destinados a “Desarmaderos” en diversos puntos de esta Ciudad y que dichas medidas fueron dispuestas en el marco de una causa que tuvo origen en agosto de 2016 a raíz de una denuncia promovida por la Dirección de Fiscalización de Desarmaderos y Autopartes del Ministerio de Seguridad de la Nación, a partir de lo cual se procedió a investigar la posible comisión de delitos contra el medio ambiente, además de diversas infracciones a la normativa vigente en relación a autopartes (ley 25.761), así como otros delitos de índole federal conexos a dichas actividades (falsificación de instrumentos públicos, encubrimiento, etc.).
El Fiscal subrogante dijo que “hay muchos elementos de prueba que se deben completar, hoy no podemos hablar de cuál será el resultado, pero sí que todavía no finalizó la investigación, y hay diligencias que se deben cumplimentar”.
Por ello, desde la Fiscalía se decidió apelar la medida tomada por el juez de feria y aún no están vencidos los plazos para saber qué actitud se tomará con estas dos causas.
Además, Larriera aseguró que “la mayoría de los predios clausurados en diciembre no estaban presentados, ni habilitados como desarmaderos por parte de la familia Franco”.
Los predios allanados en diciembre con la intervención de distintas fuerzas de seguridad nacionales quedan ubicados en Lavalle 1140; La Movediza 1022; Patagonia esquina Beretervide; La Movediza al 800; La Movediza al 600 y Patagonia entre Langeyú y Primera Junta informó Nueva Era en su edición digital.
El Fiscal había declarado en diciembre que también se había allanado otro lugar “de menores dimensiones, que pertenece a otra familia y es una especie de depósito en el que se guardan autopartes, pero en menor dimensión y cantidad, pero también fue objeto de allanamiento y registro para ver en qué medida estaban estas piezas y si estaban violando a esta ley”.
En aquél momento Larriera había afirmado que perseguía dos objetivos investigativos: “Primero, el tema de la infracción a la ley 24051, que es la ley de residuos peligrosos. Tomamos muestras en varios lugares. Encontramos varios ámbitos o lugares en donde había varios elementos que podían estar en infracción a esta ley. Eso se va a peritar y una vez que ya están notificados los dueños del lugar, pueden ofrecer su defensa o van a hacer su descargo. Y luego, también la división desarmaderos del Ministerio de Seguridad de la Nación va a proceder a hacer el conteo, porque la verdad es que ya se sabe que el volumen de piezas que se hallaron en el lugar es cuantioso, para determinar qué piezas están regularmente en ese ámbito y cuáles son las otras piezas que, en su momento se detectó ya en principio que están en infracción a la ley de desarmaderos, porque le faltan muchos de los elementos que las hacen válidas”.
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