Locales. La instrucción penal concluyó con el procesamiento del ex gerente

Tras seis años de una compleja investigación, la justicia arribó a una instancia crucial en la suerte del ex gerente de la sucursal Tandil del Bapro, sospechado de anomalías a la hora de otorgar créditos en nuestra ciudad.
Más precisamente, la fiscalía N° 3, por éstas horas estará citando a declaración indagatoria a Jorge Zunino, ex gerente del Bapro en la sucursal del centro, quien ha quedado procesado por el delito tipificado como “Administración fraudulenta contra la administración pública”.
La profusa instrucción penal, que contiene cientos de fojas, se inició en el 2002, a través de una denuncia presentada por el mismo Banco, ante la detección de serias irregularidades en la asistencia crediticias, préstamos y otorgamiento de créditos.
Específicamente la causa se fundamenta en 10 hechos, que contienen características similares en las anomalías detectadas y el modus operandi, lo que mereció entonces la imputación que ahora recae finalmente en el ex gerente, para lo que el Código Penal fija una pena que va de los 2 a 6 años, por lo que resulta un delito excarcelable.
De todas maneras, fuentes ligadas a la investigación aclararon que una vez definido el procesamiento y la consiguiente toma de declaración indagatoria, se ahondará en las calificación penal que contendría finalmente el delito que podría recaer para con el imputado.

LA INVESTIGACION
Vale reseñar que el 19 de julio de 2002, este Diario daba a conocer la noticia que conmovía la ciudad, especialmente aquella vinculada al circuito económico: el ex gerente del Bapro sucursal Tandil, Jorge Zunino, quien fue reemplazado en aquellos días y derivado a la gerencia operativa de Olavarría, había sido cesanteado de la institución crediticia a partir de estas irregularidades detectadas por la propia entidad.
La información oportunamente ventilada daba cuenta que la medida se había adptado a comprobarse anomalías en el otorgamiento de créditos cuando se desempeñaba como gerente de la sucursal Tandil del Bapro.
Sobre la cuestión administrativa, cabe reseñar que el sumario se inició en Capital Federal, el Estatuto del Bapro contemplaba dos tipos de sanciones cuando se detectan irregularidades de alguna índole.
La más dura es la exoneración y el agente alcanzado por este medida recibe una serie de agravantes entre las que se contempla la inclusión en una lista por la cual no puede realizar ningún tipo de operatoria con el Banco e inclusive se loa inhabilita de por vida para desempeñarse en la función pública.
La cesantía es la más beneficiosa de las sanciones aunque el agente es sancionado por cinco años en los cuales no puede realizar operaciones ni ocupar cargos en entidades públicas.

LA CREDITOS
Como se detalló en exclusiva en aquellos días, el Bapro había comenzado la investigación ante la forma en que se otorgaban créditos porque se fraguaba documentación, inclusive se abrió una causa en la Justicia porque se “truchaban” aportes a entes recaudadores nacionales para encuadras al cliente en la operatoria.
Trascendía por aquellas jornadas que las carpetas eran armadas y presentadas en el Banco para conseguir los préstamos cuando la realidad económica de los interesados no cumplía los requisitos exigidos por la entidad crediticia.
A finales de agosto de 2002, desde la entidad involucrada se había indicado la medida de concretar una denuncia penal a raíz de los créditos presuntamente otorgados de manera irregular.
El Banco consideró que más allá de la vida administrativa resultaba menester ahondar el la cuestión penal.
Por esos días, se desconocía hasta qué autoridades llegaría la posible imputación, cuestión que ahora quedó develada según trascendió de la fiscalía interviniente.

REPERCUSIONES POLITICAS
La causa iniciada en nuestra ciudad, formó parte de una profusa investigación que se iniciaba en el 2000, básicamente por las irregularidades detectadas en el período 1991 a 1999.
Incluso cobró especial relevancia el rol de la Comisión Bicameral, entre los que se destacaba la intervención del diputado provincial de la UCR por aquel entonces, Pedro Azcoiti.
“No hay dudas que todos los que han sido directores del Banco, entre los años 1991y 1999, son responsables, al menos administrativa y políticamente. Es probable que surja de la investigación, la comisión de un delito en la que quedarían involucrados en algún tipo de delito penal”, afirmaba en esos controvertidos días el legislador en una visita a nuestra ciudad.
La Comisión Bicameral que investigó la cartera de créditos del Provincia se creó después que la entidad solicitara un auxilio financiero a la Provincia. Ante la posibilidad que la institución quedara fuera del sistema se creó un fondo de fideicomiso por 1820 millones de dólares.
Por un lado –se reseñaba- le arrojaban un salvavidas al Banco, pero por el otro sometieron la cartera de créditos a una puntillosa investigación para descubrir las irregularidades que llevaron a la crítica situación de la entidad en esos años.
Según Azcoiti, el Banco arribó a la crisis por diversas razones: “créditos mal otorgados por garantías insuficientes, por amiguismo político y mayores al tope permitido”.