Locales. La Justicia confirma la denuncia por casos de abusos en un centro asistencial

Finalmente, y con el paso de las horas, desde la Justicia que atañe a la problemática asistencial de infantes se confirmó el adelanto que este Diario detalló, acerca de presuntos abusos sexuales de menores de edad en un centro de día donde los propios actores judiciales derivan a chicos bajo causas asistenciales.
Con la llamativa anuencia de que varios actores judiciales dijeron anoticiarse del suceso por éstas páginas, como la honestidad de admitir ciertas debilidades que aún el nuevo sistema que atañe a la ley de minoridad expone frente a las herramientas a aplicar en lo cotidiano, desde fuentes del fuero penal como del juzgado de Familia se confirmó la intervención en el delicado asunto, por el cual se actuó a partir de una denuncia que luego tuvo su correlato en los testimonios de las presuntas víctimas.
Como oportunamente se informó, se habría detectado presuntos abusos sexuales protagonizados por un menor de 16 años para con otros chicos en la misma casa donde se contiene a los chicos, por derivaciones de causas asistenciales.
La intervención le valió a dos juzgados con sus respectivas magistradas. Por un lado la jueza de Garantías, Mabel Berkunsky, y la jueza de Familia, Silvia Monserrat. La primera intervino a partir de que uno de los chicos, sindicado como el presunto abusador de 16 años, fue asistido por una causa residual, por lo que quedó en manos de la antigua jueza de Menores, ahora de Garantías. En tanto que la segunda jueza de Familia intervino por al menos dos menores que serían los presuntos abusados.
El pasado viernes, en los despachos de la jueza de Garantías se concretó una audiencia, en la que se resolvió retirar al menor presuntamente abusador (que presentaría alguna leve deficiencia mental y con antecentes de haber sido abusado) a otro sitio para su atención. Lo propio también se habría realizado con los otros chicos presuntamente víctimas del accionar de aquel joven, que quedaron bajo la contención de una familia de acompañamiento.
A partir de la delicada situación se abrieron enormes interrogantes sobre los motivos que hicieron que distintos actores que intervienen en la problemática de minoridad recién echa pública la especie se anoticiaran del asunto. Mientras desde algunos actores se buscó minimizar el caso (“se habría tratado de juegos sexuales”, se animó a decir desde la esfera oficial a este medio), a la espera de una profusa investigación penal que estará a cargo de la fiscal María de los Angeles Marsiglio, otras autoridades judiciales aluden a un caso muy grave, que alude a lisa y llanamente a abusos, con penetración.
La fiscal en cuestión, no sólo deberá determinar la responsabilidad del menor sindicado como el autor de los aberrantes hechos (es inimputable), sino si existieron negligencias por parte de los celadores, responsables del cuidado de estos menores que precisamente se los retiró del complejo entramado familiar que padecían por un presente mejor que, a todas luces, evidentemente no vivían.
El escabroso episodio avanza en la investigación, dejando de manifiesto confusas situaciones, incluso tiranteces y hasta pases de factura entre los órganos que debieron intervenir en asuntos que atañen a la minoridad. Se admitió, a su vez, que claramente fallaron los controles, no sólo de aquellos celadores a cargo del centro asistencial, sino también de los encargados, autoridades, que resolvieron los respectivos traslados y, evidentemente, no contaron con un seguimiento, control, pertinente frente al escenario que se presentaba.