Locales. La Justicia debatirá la responsabilidad penal de los cinco imputados en el caso Gárate

Hoy finalmente comenzará la anunciada audiencia oral y pública en la que se juzgará la responsabilidad penal de los cinco imputados por el crimen de José Luis Gárate, jucio que depara suma atención no sólo en familiares y allegados que pugnan por el esclarecimiento del hecho ocurrido el 28 de agosto de 2004, sino en la sociedad toda y, especialmente, en la comunidad judicial, que confiesan que se trata del juicio más esperado, comparable en su tenor y repercusión a lo que sucedió con la causa por el homicidio de los custodios y con la condena a las autoridades policiales de la Seccional Primera.
El Tribunal Criminal N° 1, integrado por los doctores Pablo Galli, José Luis Piñeiro y Guillermo Arecha, deberá resolver sobre las acusaciones que pesan sobre María Belén Molina, los hermanos Santiago y Esteban Pugni, Román Espinosa y Daniel Sasali, detenidos en ese orden respectivamente a lo largo de la investigación con sus respectivas calificaciones.
Tal se vino adelantando en ediciones pasadas, el expediente cuenta con un nudo central, la confesión de María Belén Molina, testimonio clave para lo que fue el avance de la pesquisa y la consiguiente detención de todos los integrantes de la gavilla que, al entender de los investigadores, actuó en el hecho ocurrido en las puertas del supermercados Monarca, de avenida Colón al 1100.
Vale destacar que el primero de los reparos de las defensas justamente tendrá que ver con la figura elegida para la también acusada, hoy gozando de prisión morigerada. La polémica se inscribe en que la declaración de Belén Molina se divide en dos instancias. La primera como imputada, cuando confiesa el hecho y cómo se sucedió. Para luego declarar como testigo, a la hora del reconocimiento del resto de los acusados más allá de los hermanos Pugni.
Para los defensores, el código no permitiría que se le tome declaración a un imputado y que sirva a la vez como testigo.
Cabe reseñar que por Román Espinosa la defensa estará patrocinada por Patricia Stadler, mientras que por Santiago y Esteban Pugni, hará lo propio Dino Datola. Daniel Sasali y Belén Molina contarán con los defensores oficiales Diego Araujo y Carlos Kolbl.

LOS TESTIGOS Y LAS PRUEBAS
Sobre el expediente, consta de 14 cuerpos y 9 cuerpos de legajos fiscal. Aquí también radican reparos de los defensores, siendo que se trata de las pruebas que el fiscal fue recabando a lo largo de la investigación en secreto, sin dar cuenta a los actores involucrados. Dichas pruebas, igualmente fueron expuestas en la audiencia preparatoria, y allí los defensores tuvieron oportunidad de plantear sus objeciones. Se trata básicamente varias escuchas telefónicas de los sospechosos, elementos que sirvieron a la investigación para ir hilvanando indicios sobre la relación de los involucrados y cotejar con la declaración de Molina.
Primeramente para la audiencia están pautados 252 testigos, entre aquellos policías que intervinieron en el caso, peritos, médicos y empleados de la firma que de alguna manera constatarán las funciones de Gárate dentro del supermercado como su relación con Molina.
Cabe consignar que el caso no cuenta con testigos presenciales (más allá de los dichos de Molina). Sólo hay testimonios que alimentan la teoría del fiscal y que de alguna manera fueron cerrando el círculo de sospechas para con los acusados. Especialmente un comerciante de la vecina localidad de Juárez, quien habría vendido los proyectiles utilizados por el arma nunca encontrada que habría utilizado Román Espinosa (acusado del homicidio), como así también otro juarense, propietario de un bar de la localidad quien confió que los cuatro involucrados (Espinosa, los hermanos Pugni y Sasali) se juntaban en el local, dejando por sentado que se conocían con antelación al hecho.
Otra de las pruebas sustanciales de la causa que se ha incorporado al debate, es la campera hallada a metros del escenario del crimen. Dicha prueba generará también discusión, siendo que a priori podrían plantearse ciertas desprolijidades de los uniformados a la hora de su secuestro (fue encontrada a días del suceso por un llamado telefónico de un vecino).
Otra de las aristas que generará suma atención versará sobre las imputaciones que revestirán para cada uno de los acusados.
La fiscalía de juicio, integrada por el doctor Gustavo Agustín Echevarría y en este caso particular será acompañado por el propio fiscal Gustavo Morey (fue quien llevó adelante la pesquisa), buscará que la acusación sea más severa que la que hasta el curso de proceso tuvo, mientras que seguramente y, principalmente los defensores de los Pugni, Sasali y Molina, como mínimo intentarán mantener la carátula y así especular con una pronta liberación.
Sobre porqué los jueces intervinientes en el proceso consideraron que no se acreditó que el arma estaba apta para el disparo, cosa que efectivamente ocurrió y terminó con la muerte de Gárate, se desprende que si se creyó en un todo lo dicho por la imputada Molina, entonces debe aceptarse que ella no sabía que el arma en cuestión estaba cargada, sino todo lo contrario según le habían asegurado los Pugni.