Aguardan informe del Ministerio de Trabajo . La Justicia Penal busca desentrañar si el bloqueo en "Loimar" es delito o no

Más allá de las declaraciones mediáticas y la solicitada publicada hoy por la empresa Loimar, en medio de la tensión entre los trabajadores que esperan desde hace más de un año cobrar sus haberes caídos y resarcimientos por cesantía, los que persisten en el bloqueo a la planta, y los operarios que quieren retomar la actividad ya bajo la figura fiduciaria de "Tandilceram"; en la Justicia buscan desentrañar el complejo marco laboral que envuelve al conflicto, y por eso aguardan un informe solicitado al Ministerio de Trabajo de la Provincia. 

En el marco de una causa iniciada de oficio, y sin denuncia formal por parte de Juan Loitegui, Jorge Segón, el estudio Dames o los empleados que piden que se libere el acceso a la planta sita en el acceso a la Base Aerea, en calle Uriburu trabajan en un interrogante madre: determinar si los delegados gremiales y sus compañeros están ejerciendo un derecho en forma razonable, y principalmente, si la protesta está ajustada a derecho. 

Esto es, certificar si por encima de los dichos en los portales digitales, se acreditó en las cuentas bancarias de los trabajadores despedidos las correspondientes indemnizaciones, en forma total, con los cálculos avalados por la cartera laboral, además de la deuda salarial vigente. 

Los investigadores consideran que las partes en pugna (Loimar en la figura de Loitegui, el fideicomiso y la composición societaria que intenta encender los hornos nuevamente, los trabajadores despedidos y los citados para ser reincorporados) deben sincerarse y clarificar los números. 

Cabe señalar que el día en que Segón acompañado por su sector se manifestó en las puertas de las oficinas judiciales, prometió radicar la correspondiente denuncia penal, incluso se anunció de palabra que se formularía por correo electrónico, pero esa denuncia nunca llegó. 

De este modo, se tomaron testimoniales de los operarios que quieren volver a trabajar y la Policía reportó un listado con los nombres de los obreros que persisten en las puertas de la fábrica, los que se están manifestando en forma absolutamente pacífica según consignan las distintas guardias de la Patrulla Rural apostadas en el lugar. 

En consecuencia, la suerte del expediente penal, por el momento caratulado "averiguación de ilícito", depende del informe de la autoridad laboral, un elemento probatorio clave en el porvenir de la causa.