Locales. La Juventud Universitaria Peronista refutó la resolución del HCD sobre Papel Prensa

La Juventud Universitaria Peronista (JUP) cuestionó lo dispuesto por el Concejo Deliberante en relación a Papel Prensa y consideró “absolutamente infundada la afirmación esgrimida en dicha resolución acerca de supuestos ataques a las libertades de expresión y elección por parte del Gobierno Nacional en momentos como éste en los que, por primera vez desde la última dictadura cívico-militar, es posible expresarse a través de todos los medios con opiniones diferentes y/o contrarias. Más aún, cuando la única obstrucción para la libertad de expresión no es ejercida por el Gobierno Nacional sino precisamente por poderes fácticos no democráticos, a los que no sólo nadie ha elegido sino que además han sido construidos en situaciones poco claras asociadas al terrorismo de Estado”.
También cuestionaron los considerandos de la mencionada resolución “por cuanto se fundan en argumentos faltos de veracidad con el único propósito de atacar no sólo al Gobierno Nacional sino a la sociedad en su conjunto al contra-afirmar las acciones de este Gobierno mediante supuestos que difícilmente sorteen la menor prueba de realidad y que esconden el único objeto de confundir y cegar a los ciudadanos que, después de muchos años, están haciéndose con la verdad de nuestra historia”.
Añaden que “algunos de los elementos centrales del proyecto de Ley tendiente a declarar de interés público la fabricación, comercialización y distribución de pasta celulosa y de papel para medios gráficos, más conocido como Proyecto Papel Prensa”.
Sostienen que “este proyecto se basa en la obligación del Estado de proteger y garantizar el derecho a la libre expresión, ensanchando y robusteciendo su alcance, para sumar la mayor cantidad de voces; para que ningún tipo de poder prohíba, restrinja, obstaculice o limite la presencia de informaciones u opiniones, sean del origen que fuere”. Tal como lo expresa el texto del proyecto: “La libertad de prensa no es un bien que debe beneficiar específicamente a los editores de un diario determinado, es, por el contrario, la mejor garantía de todas las demás libertades en una democracia; es un derecho de todo ciudadano que nos provee la Constitución Nacional”.
Añaden que “una prensa independiente que se garantiza en el proyecto a partir de establecer que será el Congreso de la Nación (hoy con mayoría opositora) el responsable de establecer el Marco regulatorio para la fabricación, comercialización y distribución de pasta celulosa y de papel para medios gráficos, actividad a ser declarada de interés público de todos los ciudadanos del país (no del gobierno de turno), así como de constituir la Comisión Bicameral de Seguimiento de la fabricación, comercialización y distribución de pasta celulosa y de papel”.
Interpelan a los concejales que “avalaron la resolución que aquí cuestionamos, a que determinen a quién se refieren al afirmar que el control de esta empresa (Papel Prensa) por parte de un gobierno que desprecia las reglas y actúa discrecional y arbitrariamente en su beneficio, constituye una circunstancia sumamente grave” cuando el proyecto nacional supone el establecimiento del marco regulatorio y el seguimiento de esta actividad por parte del Congreso Nacional. ｿNo es acaso a éste cuerpo colegiado al que se está cuestionando? Pues ello parece desprenderse de estas palabras…
En qué consiste “el respeto irrestricto de la ley por parte de las autoridades y la búsqueda del interés público, por encima de la voluntad del príncipe, (que) constituyen los elementos imprescindibles para la existencia de una democracia constitucional que brinde un marco de certeza y seguridad jurídica, dentro de la cual pueda asegurarse el desarrollo y la igualdad de todos los habitantes del país” sino en entender que una actividad absolutamente relevante como la fabricación, comercialización y distribución de pasta celulosa y de papel para medios gráficos, por su contribución de carácter directo a la existencia de las publicaciones de las que depende buena parte de la transmisión cultural y periodística en las sociedades modernas, deba ser declarada como actividad de interés público.
Se preguntan de qué sirve afirmar “Que el monopolio del manejo de la información es perjudicial hacia el pueblo sea cual sea la fuente del mismo. Siglos de lucha ha llevado afianzar la libertad de expresión como un derecho indiscutido y particularmente en la Argentina” cuando se reniega de la posibilidad de ser los artífices del cambio para asegurar el derecho de todos los ciudadanos "...de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa... de enseñar y aprender..."
Sostienen que en el actual contexto de “reafirmación de la democracia, tras históricas luchas en las que amplios sectores de la sociedad vieron vulnerados sus derechos, hoy es cuando la recuperación e instrumentación de los mismos debe ser garantizada por los cuerpos representativos a partir de un claro posicionamiento a favor del pueblo, sin olvidar que es éste el titular del poder político, y por ende son sus intereses los que deben ser cuidados aún cuando –o, mejor dicho, sobre todo cuando- otros centros de poder (económicos, ideológicos, culturales) pretendan disputar esta titularidad”.
La PUJ considera que “no basta con reivindicaciones alegóricas ni con monumentos como un “acto de reparación, justicia, y desagravio hacia todos los gobiernos democráticos desalojados mediante golpes de Estado”.
Añaden que “es necesario un compromiso real para que no sólo las dictaduras cívico-militares merezcan el nunca más, para que también los poderes monopólicos que condicionan, constriñen, avasallan las libertades individuales encuentren en el Estado –del que todos somos parte constituyente- los frenos suficientes”.