6 de septiembre de 2010
BUENOS AIRES. Los senadores opositores saldrán a buscar esta semana que las provincias se conviertan en la principal fuente de presión social, con la realización de marchas y manifestaciones, para inclinar a favor el debate del proyecto que lleva las jubilaciones a un piso del 82 por ciento del salario mínimo, vital y móvil.
Los legisladores contrarios al gobierno nacional no hubieran recurrido a las protestas si tuvieran acceso inmediato a los 37 legisladores necesarios para garantizar el aval a la norma aprobada por la Cámara de Diputados, pero hoy no tienen la certeza de conseguir la diferencia de un voto, sólo uno, al momento del sufragio en el recinto.
Las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda definirán el martes próximo el cronograma definitivo de las visitas a las provincias, para las que ya se anotaron Santa Fe, Mendoza, San Juan, San Luis, Corrientes y Chubut, aunque con muchas perspectivas de sumar otras.
Los senadores presentarán allí el proyecto aprobado el 20 de agosto en Diputados, que consiste en elevar los ingresos de los jubilados al equivalente al 82 por ciento del salario mínimo, vital y móvil.
Además, la iniciativa prevé ajustar los restantes haberes previsionales a las exigencias impuestas por la Corte Suprema de Justicia en las causas iniciadas por Adolfo Badaro y María del Carmen Sánchez, que reactualizan valores perdidos en las últimas dos décadas.
Las comisiones deberán terminar sus visitas provinciales antes del 5 de octubre, la fecha fijada por la Cámara para la firma de dictámenes, una semana antes de la sesión ya convocada para el 13 de octubre.
Los opositores consideran que la presión del denominado interior del país puede ser el elemento decisivo de un posible vuelco de la balanza del poder en el Senado.
Un recuento detallado de las declaraciones públicas de los senadores muestra que el oficialismo cuenta con 34 respaldos definidos contra a 32 de la oposición, mientras seis legisladores guardaron hasta ahora sus opiniones y, así, le ponen suspenso al resultado.
El kirchnerismo pretende sostener la lealtad de los 31 senadores que integran su nómina completa, a la que sumarán la adhesión de la ex opositora Roxana Latorre (PJ-Santa Fe) y la promesa de los dos aliados fueguinos, quienes presentaron un proyecto propio y votarán por él.
También debe estimular que su aliado neuquino Horacio Lores siga insistiendo en su proyecto de lograr el 82 por ciento, pero en un ciclo de varios años, y que el ex presidente Carlos Menem se siente en la banca y los acompañe.
Los opositores, en tanto, tienen un piso de 32 senadores: 17 radicales, 7 justicialistas federales y 8 de bloques menores.
A estos podrían agregarse los pampeanos Carlos Verna y María Higonet, la oscilante María Bongiorno (Río Negro) y el radical correntino José Roldán, que en forma sorpresiva cuestionó en los últimos días la falta de financiamiento pero que la UCR confía en disciplinar.
Con todos ellos, la oposición llegaría a 36, uno por debajo de la mayoría, por lo que en caso de cumplirse esta previsión la Cámara alta reeditará la paridad de fuerzas que debió romper el vicepresidente Julio Cobos en 2008 con el voto "no positivo" al incremento de las retenciones móviles.
Sin embargo, Cobos no estaría en el debate si la presidenta Cristina Fernández decide viajar al exterior el día de la sesión para dejar al frente del Senado, como reaseguro, al presidente provisional José Pampuro.
La situación de empate permanente que se vive en la Cámara alta desde el recambio de legisladores, en marzo último, convirtió al recinto en el cementerio de todas las iniciativas promovidas con fervor por la mayoría opositora de Diputados, una situación que hasta ahora les imposibilitó anotarse a su favor alguna de las leyes prometidas en la campaña electoral de 2009.
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