Locales. La oposición exigió que el municipio se presente como particular damnificado

En la sesión de anoche, el bloque del Frente para la Victoria puso a consideración del recinto un proyecto de ordenanza para que el Ejecutivo se presente como particular damnificado ante el nuevo escándalo comunal, acerca del presunto pago de horas extras a obreros del Cementerio para colaborar en un acto de campaña del intendente Miguel Lunghi.
La reacción concejalicia vino a cuento a partir del estado público que tomó la causa penal caratulada “Fraude en perjuicio de la administración pública agravada, en concurso real, con falsificación de instrumento publico agravado”, por el cual resultó imputado el ex funcionario lunghista Carlos Balbín.
A la hora de citar los considerandos del proyecto normativo, los ediles reseñan las fojas del expediente judicial en que constan las declaraciones testimoniales de los trabajadores del Cementerio.
Asimismo, se añade la documentación relacionada con las horas extras abonadas a los obreros, el resultado pericial contable, como así también la declaración de un funcionario que describe el procedimiento habitual y las diferentes responsabilidades de ejecución y control del pago de horas extras.
Los ediles sostienen que independientemente de la valoración judicial acerca de la existencia de indicios vehementes que supongan encontrarse ante un hecho irregular, corresponde que el Municipio ejerza su correspondiente derecho, siendo también obligación de los funcionarios de turno llevarlo adelante.
A la vez se recurre al Código de Procedimiento Penal de la Provincia de Buenos Aires, específicamente en su artículo 77 que prevé una figura especial para estos casos, la del particular damnificado, el cual es conceptualizado por la doctrina como las personas, que de alguna manera, resultan alcanzadas por los efectos negativos del delito y que, por ello, es titular, desde el momento mismo de la producción del hecho, de un derecho indemnizatorio que ingresa a su derecho de propiedad en forma instantánea.
En definitiva, la ordenanza presentada solicita que el Departamento Ejecutivo, “en resguardo del interés del municipal, se presentará como particular damnificado en los términos del art 77 del Código de Procedimientos Penales de la Provincia de Buenos Aires, en la causa penal sobre Fraude en perjuicio de la administración pública agravada, en concurso real, con falsificación de instrumento publico agravado”, Número 2.229/07, en trámite ante el Juzgado de Garantías Nº 2, con intervención de la UFI Nº 8, aportando la prueba y colaboración correspondiente”.
En su artículo segundo, sostiene que una vez efectuada la presentación solicitada en el artículo primero, el Departamento Ejecutivo “deberá informar mensualmente ante la Comisión de Interpretación y Asuntos Legales del Concejo Deliberante los avances registrados”.