Nacionales. La UE cierra filas con España

La Unión Europea (UE) dio ayer su pleno respaldo a España en el caso de la expropiación a Repsol de la petrolera YPF y anuncio que estudia todas las posibles opciones para responder a esta medida, aunque actualmente carece de una base jurídica sobre la que actuar contra Argentina.
El apoyo a España ante el anuncio de la presidenta argentina, Cristina Fernández, de expropiar el 51% de las acciones de YPF que están en posesión de Repsol, fue contundente a lo largo del día desde la cúpula de la UE.
El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, se declaró "gravemente decepcionado" por la decisión del Gobierno argentino, después de haber expresado por carta a Buenos Aires su preocupación y haber instado a lograr una solución negociada.
La portavoz comunitaria Pia Ahrenkilde indicó, por su parte, que la nacionalización de YPF sería "ilegal" si no se establecen las compensaciones adecuadas, e informó de que la CE suspendió una reunión de altos funcionarios comunitarios y argentinos programada para los próximos días 19 y 20 en Buenos Aires.
En concreto, se trataba del X Comité Conjunto UE-Argentina, que se celebra periódicamente en el marco del acuerdo de cooperación económica y comercial que firmaron en 1990.
"Planeamos en un primer momento abordar el asunto (de YPF en la reunión), pero tras la decisión de ayer (del Gobierno argentino) decidimos posponer la reunión", indicaron a EFE fuentes europeas.
Ahrenkilde dijo que el comisario europeo de Comercio, Karel De Gucht, enviara otra carta al ministro argentino de Comercio en la que insistirá en las preocupaciones europeas.
También la alta representante de la UE, Catherine Ashton, recalcó en el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia) el "pleno apoyo" comunitario a las autoridades españolas, y aseguró que el Servicio Europeo de Acción Exterior está analizando "todas las posibles opciones" para responder a esta medida de Buenos Aires.
Anunció, asimismo, que el asunto será abordado el próximo lunes en Luxemburgo en el Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores de la UE.
Además, a petición del Partido Popular Europeo, la expropiación de YPF se debatirá hoy en el pleno de la Eurocámara, y se espera que el viernes los eurodiputados adopten una resolución al respecto.
A pesar del sólido apoyo político que las instituciones europeas a España, expertos en Comercio de la Comisión admitieron ayer que actualmente no cuentan con base jurídica para actuar frente a Argentina.
El Tratado de Lisboa, que entró en vigor en diciembre de 2009, otorgó a la UE competencias sobre las inversiones directas de los Estados miembros en países terceros, por lo que el Ejecutivo comunitario se ve legitimado para intervenir en el asunto de YPF, sobre todo después de que se lo haya solicitado España.
Sin embargo, la UE todavía está desarrollando la legislación que le permitiría proteger a nivel comunitario los cerca de 1.200 tratados bilaterales de inversión suscritos por los Veintisiete.
La Comisión espera que esa normativa, propuesta en julio de 2010, sea aprobada antes del verano, una vez llegue a un acuerdo con el Consejo de la UE y el Parlamento Europeo, aunque advierte de que su aplicación será progresiva.
Por lo que respecta a la posibilidad de que la UE recurra a la Organización Mundial del Comercio (OMC), las fuentes comunitarias recordaron que las normas de ese organismo no cubren asuntos de protección de inversiones y que tampoco existen compromisos de Argentina con este organismo en ese sentido.
De este modo, el único documento jurídico al que las partes pueden recurrir es el propio tratado de protección de las inversiones bilaterales concluido entre España y Argentina, señalaron las fuentes.
Este acuerdo garantiza a los inversores un tratamiento justo, equitativo y no discriminatorio, la protección ante expropiaciones ilegales y la posibilidad de recurrir de forma directa al arbitraje internacional.
En cualquier caso, la fuentes insistieron en que la falta de base legal "no nos impide hablar en nombre de la UE" y poner en marcha "acciones diplomáticas".
Apuntaron asimismo que España no puede tomar represalias comerciales como respuesta a Argentina que no estén justificadas según las normas de la OMC y planteadas ante su órgano de solución de disputas, teniendo en cuenta que ese tipo de restricciones violaría la libre circulación de bienes en la UE.