22 de septiembre de 2010
BUENOS AIRES.- Gobernadores, el secretario de Minería, Jorge Mayoral, y empresarios rechazaron ayer el proyecto que aprobaron diputados para proteger glaciares y el ambiente periglaciar y se manifestaron en defensa de la minería, mientras grupos ecologistas reclamaron la sanción de esa iniciativa.
Los pronunciamientos se dieron ayer en la comisión de Ambiente del Senado, que escuchó argumentos de mandatarios cordilleranos afines al kirchnerismo y de agrupaciones sociales que defienden los ecosistemas regionales, en una discusión en la que resaltaron los intereses mineros y la necesidad de preservar el agua dulce.
Fuentes parlamentarias confiaron a DyN que habrá una nueva reunión de la comisión el martes para delinear un acuerdo que se llevará a debate en la sesión del jueves 30 de septiembre.
Los gobernadores de San Juan, La Rioja y Jujuy, José Luis Gioja, Luis Beder Herrera y Walter Barrionuevo, reiteraron ante la comisión las críticas que mantienen sobre el proyecto de ley que protege los glaciares, al considerarlo "difuso" y "violatorio" de autonomías provinciales.
Además, señalaron que la iniciativa afecta "recursos naturales que pertenecen a las provincias de acuerdo no sólo a la Constitución Nacional, sino a los ordenamientos" de cada distrito, aunque ese argumento fue descartado por abogados e investigadores del CONICET, universidades nacionales y el INTI, que emitieron un comunicado de apoyo al proyecto de Diputados.
El secretario de Minería nacional, Jorge Mayoral, ratificó su oposición al proyecto "tal como está viniendo" desde Diputados, al abrir la ronda de exposiciones.
"Hay 460 proyectos en toda la Argentina, más del 900 por ciento de crecimiento desde 2003 y más de 450 mil argentinos que directa o indirectamente viven en las regiones más postergadas gracias a la puesta en valor de proyectos productivos relacionados con la minería", defendió.
Gioja dijo que "la minería es una actividad que hace crecer a la provincia" y cuestionó los "embates" que realizan (los diputados nacionales) Miguel Bonasso y Fernando Solanas quienes, indicó, "hablan del tema a 1.200 kilómetros de distancia".
El sanjuanino consideró que el proyecto de Diputados viola la Constitución Nacional y las provinciales, en cuanto ambos ordenamientos reconocen como propios los recursos mineros.
"Si la norma sale como está, se judicializarán absolutamente todos los proyectos productivos que haya en todo el territorio" abarcado por periglaciares, advirtió.
El riojano Herrera manifestó que a través de la minería "las provincias cordilleranas tienen una posibilidad y resulta que no podemos desarrollarla" con el nuevo proyecto.
La Rioja "es la más seca del país, no tiene ríos. El cuidado del agua será riguroso", dijo el gobernador, quien sostuvo que su distrito carece de glaciares aunque cuenta con periglaciares.
El jujeño Barrionuevo instó a las provincias a mantener sus reclamos y "revisar lo que realmente quiere decir" que el país adopta un régimen "federal" de gobierno porque, preguntó: "¿Cuál es el límite de esta persistencia del Estado Nacional?" para legislar sobre las áreas glaciares y periglaciares.
Luego, el dirigente ecologista Juan Carlos Villalonga cuestionó ayer a los gobernadores que lo precedieron y los acusó de propiciar el "terrorismo judicial" por decir que no acatarán la norma si se sanciona como la aprobaron los diptuados.
Varias organizaciones civiles presentaron un petitorio al Senado para manifestar su apoyo al proyecto aprobado en agosto y señalaron el "consenso generalizado a nivel mundial sobre el valor fundamental que tanto los glaciares como el ámbito periglacial poseen como reservas de agua dulce".
Esos grupos anunciaron que acamparán desde el miércoles en torno al Congreso para acompañar el jueves el debate del Senado.
Senadores opositores consultados por DyN, entre ellos el cordobés Luis Juez, cuestionaron la presión a favor de intereses mineros que hubo en la reunión de comisión.
Juez remarcó que con la protección a los glaciares "no estamos discutiendo minería sí o no, discutimos si vamos a ejercer estricta defensa del reservorio de agua dulce, después vemos cómo lo controlamos y lo administramos".
El diputado Miguel Bonasso, coautor del proyecto aprobado, lamentó el "lobby de las empresas mineras
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