Locales. Legales impone secreto de sumario

Cuando la justicia penal avanzó y se encuentra en etapa de definiciones sobre la Instrucción Penal Preparatoria iniciada a partir de la denuncia por el pago de horas extras de las arcas municipales a empleados municipales para colaborar en un acto proselitista del jefe comunal Miguel Lunghi, desde Legales de la comuna se hizo de todo el expediente para ahora poder avanzar en la etapa presumarial motorizada.
El secretario Legal y Técnica del municipio, Marcelo Gioconi, confirmó que ante el avance del expediente penal y ya contando con la causa, se analizará pormenorizadamente la pesquisa, de cara a progresar en la faz administrativa, léase sumarios internos que podrían provocar sanciones a los obreros denunciantes.
En diálogo con el programa Examen Final de la Am 1560 el abogado comunal detalló que el municipio, como particular damnificado, está interviniendo en la causa penal, “indirecta y directamente seguramente lo haremos en los próximos días”, adelantó, señalando que “podremos incorporar prueba y todo lo que respecta para hacer valor nuestros derechos”.
Al ser indagado sobre la compleja situación en la que queda parado el Ejecutivo, siendo que se presenta como particular damnificado por los intereses del municipio, pero a la vez adelantó su postura de inocencia para con el funcionario implicado, Giaconi dijo que “queremos trabajar por la verdad y como representantes del municipio de Tandil estamos tomando los recaudos necesarios por si se ha sufrido alguno prejuicio económico”.
El letrado confió en que ya cuenta con todos los elementos para definir acerca de la etapa presumarial, como así también seguirán de cerca lo que resuelva el juez José Alberto Moragas, respecto a la elevación a juicio o no.

PORQUÉ LA RESPONSABILIDAD
RECAYÓ SOLO EN BALBÍN
Mientras representantes del Ejecutivo ahora se muestran más prudentes que otroras oportunidades, este Diario pudo acceder a los lineamientos del fiscal para descartar (archivar mejor dicho) la responsabilidad penal de los obreros involucrados y dejar por sentado su convicción acerca de la participación del ex funcionario lunghista Balbín.
“Se advierte –refiere el párrafo de unas de las fojas judiciales- que la presencia de estos empleados de la Dirección de Cementerios además de ser voluntaria no era indispensable para la realización del acto, dado que cualquier otro sujeto empleado municipal o no, podía realizar igual tarea, máxime cuando previo a dicho evento se había asegurado el momento de la paga y que ello sería en efectivo al finalizar el acto”.
Reseña que “así fue que al concluir el mismo, Balbín fue reuniendo a aquellos empleados y algunos de ellos pudieron cobrar en efectivo el dinero pactado de manos del director de cementerios. Los restantes, es decir, los que no alcanzaron a cobrar aquella noche, se les indicó que arreglarían en otro momento”.
“La cuestión reprochable en la presente investigación –afirma el fiscal- transita a través de la maniobra administrativa que se encausa para poder hacer efectivo el pago de esos servicios ya cumplidos, simulando tareas extras efectuadas por esos empleados y consecuentemente liquidar las mismas para su efectivo pago. Hasta aquí, aquellos empleados ninguna maquinación o actividad desplegaron para posibilitar la maniobra defraudatoria, es más no estaban al alcance de ellos poder dar inicio a su ejecución, en virtud que ninguno tenía las atribuciones funcionales necesarios o competentes para instrumentarlo”.
El fiscal Morey subraya que “se evidencia que el aporte brindado por cada uno de aquellos empleados no solamente ha sido de insignificancia, sumado a que su colaboración fue la aceptación de una decisión del superior jerárquico, sino que además la afectación que con el cobro de esas horas extras se hizo al tesoro municipal ha sido nimio, toda vez que las sumas cobradas oscila entre los treinta y ocho y ciento once pesos”.
Se añade que en atención a ello, a que el monto máximo de la pena del delito investigado no supera los seis años de prisión, para el supuesto de interpretar que estos han alcanzado algún grado de participación y a que la conducta que determinó la afectación a la administración pública provino “indudablemente del director de Cementerios municipal”, por lo que consideró necesario para poder avanzar en el desarrollo de la investigación contar “con aquellos testimonios”, así dispuso el pase a archivo únicamente respecto a la continuidad de la conducta responsable de los obreros, mientras se prosiguió los actuados respecto del imputado Carlos José Balbín.