3 de marzo de 2008
A principios de diciembre, desde éstas páginas se informaba en carácter de exclusiva que para el fiscal Gustavo Morey, el autor del homicidio en los monoblock de Perón al 1600, fue un menor de edad. Se precisaba que el acusado del crimen de Margarita Herrera es inimputable, por lo que su situación quedaba en manos del Tribunal de Minores.
Más precisamente la resolución del fiscal, ocurrió antes que finalizara noviembre del año pasado, contando con el aval de la jueza de Garantías interviniente, doctora Stella Maris Aracil. A cuatro meses de aquella decisión, nada ha surgido desde la justicia que ahora tomó el caso.
Amparándose en la preservación de los derechos que reviste el menor, desde el tribunal se excusó a brindar precisiones, aunque este Diario consultó a otros actores intervinietes en el caso y dejaron en claro que no hubo desde entonces notificación alguna sobre avances y/o retrocesos en la causa, cuestión que llamó –y llama- poderosamente la atención.
En medio de reformas penales que hacen a la problemática de la minoridad, a modo de período de transición fiscales y defensores ocupan también sus respectivos roles para con los delitos cometidos por menores. En este caso, ante la acusación para con un crimen, tanto el fiscal Agustín Echeverría como el defensor oficial Diego Araujo, intervienen en el caso, aunque consultados ambos indicaron que no recibieron notificación alguna sobre alguna determinación para con el expediente, a la hora de tomar medidas para con el menor involucrado.
LA DECISIÓN DEL FISCAL
Un lunes de agosto la ciudad se conmovía con un nuevo hecho de sangre. En uno de los departamentos de los monoblock de avenida Perón al 1600, vecinos alertaron desesperados a la policía sobre el macabro hallazgo. Una mujer tendida en su casa, rodeada de un charco de sangre y muebles revueltos, sería la escena de un homicidio en lo que se presumió un intento de asalto. A cuatro meses de aquel trágico suceso policial, los investigadores habían llegado a una conclusión: el responsable principal de la muerte resultó un joven que no superó los 18 años de edad, quedando en manos de la Justicia de Menores, quien por éstas horas aún no ha resuelto.
Desde éstas páginas, se informó oportunamente que el fiscal interviniente, doctor Gustavo Morey, había cerrado el primer gran interrogante que deparó la pesquisa. Tras recoger una importante cantidad de elementos probatorios, arribó a la conclusión preliminar de que el autor material de la muerte de la ex mucama del Hospital que sufría de hemiplegia, Margarita Herrera (67), resultó un menor de edad.
Consecuentemente, el fiscal peticionó ante el juzgado de Garantías N° 2, a cargo de la doctora Stella Maris Aracil, que se decline su competencia frente al sospechado (por ser menor de edad), cuestión que fue avalada por la magistrada, derivando así la causa a consideración de la justicia de Menores, como así también al fiscal transitoriamente responsable, doctor Agustín Echeverría.
Según se confió por aquellos días desde la UFI interviniente, paralelamente a la solicitud de incompetencia se acompañó un pedido para mantener abierta la Instrucción Penal Preparatoria, a los efectos de despejar sospechas que aún se mantienen en torno a posibles complicidades, más allá de la responsabilidad máxima del menor.
También la jueza dio visto bueno a la segunda petición, lo que implicará que el fiscal siga con la investigación en pos de determinar si existen elementos de prueba como para imputar a otra persona, teniendo en cuenta que para lo que trabajaron en la pesquisas, no sería extraño que hayan existido cómplices a la hora de cubrir el luctuoso suceso ocurrido entre el sábado 11 y domingo 12 de agosto pasado.
INIMPUTABLE CON
MAS ANTECEDENTES
Tal lo anticipado en éstas páginas a principios de septiembre, el desenlace que ahora se confirma era un secreto a voces. Si bien desde la fiscalía actuante se ultimaron diligencias y trabajos de inteligencia en pos de determinar si hubo más de un involucrado en el homicidio (cuestión que permanece en plena investigación), la responsabilidad del menor era un hecho incontrastable, simplemente había que aguardar la suma de pruebas (elementos secuestrados en distintos allanamientos y testimonios incriminatorios) y dilucidar conexiones cómplices a la hora de cubrir su accionar.
Cabe señalar que además del grave suceso al que ha quedado involucrado, el menor implicado cuenta en su haber con otros sucesos violentos, aunque de menor cuantía en cuanto al desenlace. Previo al homicidio en los monoblock de avenida Perón, el imputado ya cargaba sobre sus espaldas una causa en el Juzgado de Menores por un hecho delictivo. Pero posterior a la muerte de Herrera también se lo involucró en otro hecho violento que mereció la intervención de oficio de la propia fiscalía.
Según lo detallado, los investigadores del crimen, que venían realizando un seguimiento del sospechoso, se notificaron de otro incidente, a la salida de un baile en avenida Del Valle. En las puertas de la AM PM de una de las estaciones de servicio de la esquina de dicha avenida y calle Figueroa, se habría trenzado en una pelea que derivó en una joven con una herida cortante en la mano, producto de la agresión que habría realizado el mismo menor portando un arma blanca.
El pasado 6 de enero, la causa por el crimen de Margarita Herrera merecía otro capítulo en este Diario. Se informaba que no se definía la situación del
menor implicado en el homicidio, cuestión que con el paso de los meses tampoco sucedió.
Un interlocutor de la Justicia confió a este medio, que por el momento para con el menor sólo hay sospechas, sobre su participación o encubrimiento en el hecho. Hay dos tipos de declaración, informativa o indagatoria. Con respecto al menor, según este vocero, la Justicia de Menores no ha encontrado argumentos válidos o sólidos que ameriten un llamado a declaración indagatoria.
Por lo tanto, al menos por ahora, no se maneja la hipótesis de remitirlo a algún instituto correccional de menores. Sí podría ocurrir en el corto plazo que se cite a una audiencia informativa.
Sugestivo silencio
Por Guillermo Liggerini
Hay una vieja (y no por vieja deja de estar vigente) convicción de magistrados que evitando cualquier intromición o requisitoria periodística sobre sus labores se esgrime que el juez se expide por sus acciones, sus sentencias. Ergo, ninguna razón tienen para rendir cuentas o dar precisiones sobre determinadas causas que obran en su poder.
La indeclinable sentencia, aún guarda más bravura cuando se trata de delitos en los que están involucrados menores de edad, por quienes, entendiblemente, hay que preservar de cualquier exposición.
Afortunadamente, de a poco los actores judiciales (en este caso del fuero penal) van cambiando la intransigente tesitura, asumiendo el rol social que les toca como funcionarios públicos, como así también entendiendo la función que ejerce la prensa como intermediario de la sociedad.
Por este caso en particular, en el que está en juego nada más y nada menos la necesidad de justicia por la muerte de una mujer, siempre se ha cumplido con la premisa de preservar la identidad del menor sospechado, pero jamás ello implica dejar de informar sobre avances y/o retrocesos de una causa que imperiosamente merece esclarecerse para no repetir la frustrante sensación de impunidad.
En cambio, consultado el Tribunal de Menores acerca de la causa, una secretaria de la jueza Mabel Berkunsky, detrás del mostrador se limitó a transmitir que se tiene expresamente prohibido informar sobre las respectiva causa, ignorando, entonces, aquel derecho que se asume debe tener cualquier ciudadano a la hora de informarse.
Consultadas otras fuentes que han intervenido en el expediente en cuestión, se ha indicado con la entendible prudencia que no se ha recibido notificación alguna que haga pensar en una definición para con el menor implicado, en consecuencia tampoco la hubo para la causa.
No sería extraño suponer, entonces, que en verdad más que preservar los derechos del menos involucrado se estaría preservando a otros actores, que de tanto en tanto exponen su inacción.
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