Locales. "Los 30.000 son un nombre"

Rousseaux, abordó el papel del Estado en la protección de las personas que deben testificar en los juicios por delitos de lesa humanidad. Abordó su origen en el campo disciplinario, en la práctica cotidiana y en la concepción política de la misma, resaltando la singularidad de esta política pública reparatoria en Argentina.

Al comienzo de su charla, la psicoanalista expresó su agradecimiento a "los sobrevivientes y familiares, que representan la reserva ética de nuestro país". Asimismo, subrayó la importancia de que las nuevas generaciones de profesionales de la salud mental se comprometan con este campo, que tiene una genealogía propia en Argentina, desde los primeros acompañamientos que se llevaron a cabo "mientras ocurrían los hechos alrededor de la pirámide en la Plaza de Mayo".

Lo hizo en el marco de la jornada de Derechos Humanos "Sin derechos, no hay salud mental" en la cual, estuvieron presentes Petra Marzocca y María del Carmen Silva, integrantes del Grupo Memoria por la vida en democracia y testimoniantes en el juicio "La Huerta". En la oportunidad dieron detalles en primera persona la experiencia de los organismos locales y el dispositivo de acompañamiento.

La especialista destacó que Salud Mental y Derechos Humanos se han convertido en un cruce epistemológico sin precedentes a nivel mundial, y enfatizó la necesidad de mantener conceptos clave, como el de "terrorismo de estado", que fue magistralmente descrito por Eduardo Luis Duhalde.

Rousseaux explicó que el hecho de que todas las estructuras del Estado estén al servicio del terror deja una marca indeleble en los cuerpos, especialmente cuando ese terror proviene del propio Estado, que debería ser el garante de la preservación y protección de los ciudadanos. Esta marca se traduce en una influencia social y colectiva que afecta las subjetividades individuales y colectivas.

La psicóloga recordó el trabajo realizado por las víctimas de la dictadura, quienes reflexionaron sobre su estatuto como sobrevivientes y llegaron a la conclusión de que "sus cuerpos, secuestrados, torturados y violados, tenían la función de circular en una sociedad aterrorizada".

Rousseaux también señaló que, a pesar de que todos los países impactados por el Plan Cóndor en el Cono Sur experimentaron situaciones similares, con la misma coordinación represiva, el genocidio y la experiencia de la concentración, en Argentina el significante "desaparecido" adquirió una impronta y una construcción política y social única.

En este contexto, la cifra de los 30.000 no es simplemente un número, sino un concepto que representa la clasificación de los crímenes del Estado. A pesar de que han transcurrido 17 años de juicios, las personas responsables de estos crímenes siguen sin revelar su identidad ni el paradero de las víctimas. Asimismo, enfatizó que "no estamos ni un poco más lejos de los hechos, a pesar de que han pasado 47 años, seguimos conviviendo con ellos, ya que todavía hay más de 300 personas desaparecidas, vidas apropiadas y ocultas a la vista de todos, no solo de sus familiares, sino de toda la sociedad".

La llegada de Néstor Kirchner al gobierno en 2003 marcó un cambio significativo, ya que asumió la responsabilidad estatal y pidió perdón el 24 de marzo de 2004. Este acto inauguró un nuevo territorio ético en Argentina y permitió la creación de un programa de formación y capacitación en derechos humanos para profesionales de la Salud Mental. Cuando el Estado asume la responsabilidad, puede proponer políticas reparatorias, como los programas y equipos de acompañamiento a víctimas y familiares testigos en juicios de lesa humanidad.

En conclusión, Rousseaux subrayó que los recorridos singulares que distinguen a Argentina a nivel internacional han dejado marcas y subjetividades, y que esta eticidad no será abandonada fácilmente por los argentinos.

La actividad fue impulsada por las psicólogas Aldana Giannasi, Josefina Guaspari, Manuela Ponce y Silvana Cerdá, quienes forman parte del Equipo de Acompañamiento de Víctimas, Familiares y Testigos en Juicios de Lesa Humanidad de Tandil. Estas profesionales llevan a cabo una investigación en el marco de la Beca en Salud Pública "Julieta Lanteri. 2022-2023" de la Dirección de Investigación en Salud y Cooperación Técnica de la Escuela de Gobierno en Salud "Floreal Ferrara", que pertenece a la Subsecretaría de Gestión de la Información, Educación Permanente y Fiscalización.

El Grupo Memoria por la Vida en Democracia y la Mesa Multisectorial Memoria Verdad y Justicia, coorganizaron el evento que se enmarcó en el ciclo anual de conversatorios del COLPSIBA (Colegio de Psicólogos de la provincia de Buenos Aires), que reúne a 40 protagonistas en el año en que se conmemoran 40 años desde la recuperación de la democracia.