Locales. Los jueces penales de la Provincia se refirieron a las reformas en el Sistema Judicial

La Red de jueces Penales de la Provincia de Buenos Aires frente a las plurales y sucesivas reformas de la ley procesal dieron a conocer un extenso documento donde señalaron “la seguridad ciudadana y la rapidez de los juicios no serán logrados con reformas legales como la que propone el Poder Ejecutivo provincial. Tampoco el apremio y el maltrato público a los jueces evitarán los delitos ni aparejarán una mejora en el servicio de justicia”.
“El estado legislativo que ya posee el proyecto revela una decisión de reeditar anteriores intentos de reformas. Aunque se pretenda que existe un procedimiento consultivo con los operadores del sistema, todo indicaría que se trata de un hecho consumado, cuando debería surgir de un estudio profundo y especializado”, expresaron los magistrados bonaerenses.
Añadieron que “el argumento consistente en dividir los tribunales de manera que un único juez realice la labor de juzgamiento genera su aislamiento y resulta un intento para lograr jueces más dóciles, más “disciplinables”, y, a la vez, menos republicanos y menos independientes”.
Más adelante argumentaron “tampoco podrá lograrse un mejoramiento en la rapidez de los juicios sin la asignación de una partida presupuestaria que satisfaga los mínimos requerimientos de provisión de recursos. Vale recordar que la Provincia de Buenos Aires cuenta con uno de los presupuestos más bajos para atender la mayor conflictividad del país
Se promete más con lo mismo porque se mantendría la misma cantidad de jueces, fiscales, defensores, salas de juicio y personal para hacer frente a una realidad cada vez mas compleja”.
“Una sociedad sin jueces como garantes del derecho no tiene más destino que el caos y la violencia. No debe fragmentarse ni debilitarse más aun el Poder Judicial ni a sus jueces”, expresaron los jueces provinciales.
Con las modificaciones impulsadas “el juzgamiento de delitos como: abuso sexual agravado por las condiciones de su realización, acceso carnal; corrupción de menores; facilitación, promoción e intermediación en delitos de supresión y suposición del estado civil y de la identidad; sustracción, retención u ocultación de personas; abigeato agravado; extorsión, secuestro extorsivo; quiebra fraudulenta; incendio; estragos; adquisición, portación de armas de guerra; malversación de caudales; falso testimonio agravado; falsedad documental agravada - casi todos los que incluyen conductas de gravedad punitiva y de repercusión personal y social- , quedarían en manos de un único juez”.
“La garantía del juzgamiento colegial se mantendría en el caso de delitos cometidos por funcionarios públicos en ejercicio u ocasión de sus funciones.
El aislamiento de los jueces del tribunal produce su debilitamiento, los hace más permeables al error y al influjo de los condicionamientos externos (tanto de los provenientes de los otros poderes públicos, como de los derivados de las presiones ejercidas por sectores privados). Jueces aislados son más dóciles pero, a la vez, menos republicanos al ser menos independientes de grupos de poder formal o informal. La excepción hecha en favor de los funcionarios públicos es doblemente desigualitaria, porque constituye la supresión de la garantía y, además, en desmedro del menos fuerte, del más vulnerable”, agregaron.