Locales. Magistrados y funcionarios judiciales acusan de inescrupulosos mecanismos de presión

Frente al polémico informe del diario capitalino La Nación, acerca del funcionamiento irregular de la justicia local ante presunta ola de abusos sexuales contra menores de edad, finalmente la Asociación de Magistrados y funcionarios judiciales de la ciudad salieron a la palestra mediática, considerando que ya a estas alturas de la exposición y delicados asuntos ventilados, merece fijar posición frente a lo que se cree una campaña de difamación que pone en tela de juicio la credibilidad del sistema judicial lugareño.
Hecho públicas por éstas páginas algunas reacciones de abogados particulares que salieron a desacreditar el curioso como controvertido informe periodístico capitalino, la comunidad judicial ahora hizo lo propio por medio de una solicitada (ver página 5), a la vez que trascendió que en las próximas horas -sería el lunes- también la Asociación de Abogados haría su exposición.
En efecto, los judiciales entienden que a raíz de la difusión pública de expresiones que cuestionan con rudeza inusitada la labor judicial en el ámbito de la ciudad de Tandil, la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales local, entiende necesario exponer a la comunidad su pensamiento, sin puntualizar en los hechos puntales que los denunciantes se encargaron de publicitar.
“Una resolución judicial sólo es válida si se basa en la razón y acata la norma. El proceso legal prevé mecanismos para controlar que se cumplan esos requisitos y eventualmente corregir al funcionario que la haya dictado”, aclararon en la solicitada.
Asimismo, se alude a “la distorsión e inescrupulosa utilización de caminos ajenos a los previstos dentro del marco judicial para cuestionar decisiones adversas a los intereses particulares cuyo resultado las partes se ven impotentes de revertir legalmente, invocando incluso representación de grupos protectores de Derechos Humanos”.
Al respecto, entienden que el mecanismo utilizado no es otra cosa que un cuestionable intento de presión para con las decisiones judiciales.
También se encargaron de subrayar su cuestionamiento ante la eventual “intromisión de otros órganos del Estado en la labor judicial”, lo que estaría violando la división de poderes puesta constitucionalmente en protección del ciudadano.
Acerca del accionar de los actores judiciales involucrados, se afirmó que los funcionarios locales “actuando en el marco de lo que permite la ley, colocan sus resoluciones como es debido, a conocimiento y control de la comunidad”.
Y cerrando, ya con un mensaje directo a lo que resultó la publicación periodística en La Nación, desde la institución se enfatizó que “el esencial derecho de información con que cuenta el ciudadano no puede estar exento del ejercicio responsable del derecho de libertad de prensa”.
Como se informó en éstas páginas ediciones pasadas, en el mismo sentido pero con mayor vehemencia se habría expresado la letrada marplatense Patricia Perelló, quien supo inferir que lo ocurrido en nuestra ciudad “es una vergüenza” y que “el diario La Nación se pliegue sin tener la información debida es un despropósito”.
La abogada sostuvo que “verdaderamente acá hay una manipulación porque la gente se queja de la justicia de Tandil, porque no sirve a sus designios y los designios en muchos casos son venganzas de tipo particulares en conflictos familiares y en algunos casos deben ser el negocito de algunos profesionales inescrupulosos y que verdaderamente han encontrado una quinta en todo esto, y por eso abonan esta quinta con marchas”.
Las repercusiones se sucedieron a partir del panorama trazado por el matutino capitalino que aludió a la “conmoción” en Tandil por una “ola de abusos sexuales” que sacude a la comunidad, pero “no son la atrocidad y la repetición de estos delitos los únicos motivos de la inquietud”, sino por “una generalizada sospecha sobre irregularidades que habrían cometido algunos funcionarios judiciales y que volverían a poner en riesgo la integridad de los niños, según denunciaron más de 15 familias”.
Así, entonces, se describe a nuestra ciudad como “una olla a presión a punto de estallar”, lo que merece la observación de parte de funcionarios de la Procuración de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, a cargo de María del Carmen Falbo, y por colaboradores del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández”, según informó el enviado periodístico.