2 de octubre de 2026
La Universidad pública atraviesa un escenario crítico por el incumplimiento del Gobierno nacional respecto de la medida cautelar que exige la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, un desfasaje presupuestario proyectado para 2025 donde el 95% de la partida se destina exclusivamente a salarios, la pérdida de recursos para investigación y gastos de funcionamiento en un contexto de inflación persistente, el impacto de los aumentos tarifarios en la infraestructura universitaria y el freno al crecimiento de la matrícula de estudiantes foráneos debido al elevado costo de vida.
En medio de las jornadas de medida de fuerza llevadas adelante por los gremios docentes y no docentes en todo el país, el Dr. Marcelo Aba, rector de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN), brindó un panorama sobre la compleja situación operativa y salarial que afecta a las instituciones de educación superior.
Respecto a la parálisis en la aplicación de la Ley de
Financiamiento Universitario, Aba señaló que el Poder Ejecutivo no ha acatado
las intimaciones judiciales, "seguimos transitando este camino que nos viene
trayendo cada vez más dificultades en la vida cotidiana de la Universidad,
tanto en lo salarial como en el funcionamiento mismo. Estamos ante una
situación muy grave porque hay una Ley que ha sido refrendada por la Justicia
en cuanto a la cautelar y que no se está cumpliendo, sin que haya una
explicación válida".
El Rector remarcó la brecha existente entre las necesidades
reales del sistema y la propuesta enviada por el Ejecutivo al Congreso Nacional.
Según detalló, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) solicitó $11billones,
mientras que el proyecto oficial contempla poco más de 7 billones de pesos, "de
aprobarse este presupuesto que se ha presentado, de alguna manera estarían desconociendo
la existencia de esa Ley. Para que tengan una idea, del presupuesto presentado
el 95% ya es salario, o sea que la parte de funcionamiento se nos complica cada
vez más".
Para sostener la actividad institucional durante el año
transcurrido, las autoridades debieron recurrir a reestructuraciones operativas.
Además del recorte en el sistema científico y tecnológico, la quita de
subsidios a los servicios básicos representa una amenaza latente para el
mantenimiento de los edificios, "hacemos una economía casi de guerra tratando
de que todo sea lo mínimo e indispensable, compartiendo gastos, tratando de
asociarnos con quien sea para por lo menos compartir esos costos. Pero el
panorama va siendo cada vez más difícil; la tendencia es siempre a peor y eso
realmente es preocupante".
"Hoy vamos a ser alcanzados por la eliminación de la Zona Fría.
El próximo invierno vamos a tener un impacto muy grande porque tenemos que
calefaccionar casi 90.000m² y el consumo de gas es muy importante".
La crisis económica generalizada también influye en la
dinámica estudiantil de las sedes regionales como Tandil, Olavarría y Azul. Si
bien la matrícula total no ha descendido drásticamente debido al aumento de
estudiantes locales, se evidencia una desaceleración en el ingreso de alumnos
de otras localidades, "en estas épocas de crisis, la llegada de estudiantes de
otras localidades se ve dificultada con alquileres muy caros y gastos muy
elevados. Veníamos año a año incrementando significativamente la matrícula y
este último año ya hubo un amesetamiento, un freno a ese crecimiento".
A pesar del complejo contexto, Aba ratificó la voluntad de
diálogo de los rectores a través del CIN y remarcó que el reclamo no busca un
incremento arbitrario, sino la restitución de los valores históricos ajustados
por inflación, "aquí no se está pidiendo que se nos dé más presupuesto, ni en
salario ni para funcionar, sino que se nos devuelva el presupuesto que llegamos
a tener en el año 2023. Lo único que se pide es que la inflación se reconozca y
no está ocurriendo".
De cara a la próxima marcha nacional convocada para el 15 de octubre, Aba concluyó llamando al acompañamiento de toda la sociedad, "es un reclamo por la Universidad, pero es también un reclamo al mismo tiempo por la soberanía, que tiene mucho que ver con el conocimiento y la tecnología, y también por la democracia. Cuando una ley del Congreso sostenida por la Justicia no se cumple, entendemos que la democracia se está debilitando", cerró.
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