20 de mayo de 2014
El 3 de junio a las 19 se realizará una marcha al cumplirse dos años de la muerte de los hermanos de 9 y 5 años a consecuencia de inhalación de monóxido de carbono por el mal funcionamiento de un artefacto en la vivienda que ocupaba la familia en Uriburu 1087.
La marcha organizada por la madre de los chicos, Graciela Arriola, quien se encuentra como particular damnificada en la causa, partirá a las 19 de avenida Colón y Uriburu para dirigirise hasta la avenida Marconi.
Por otra parte, como ya se informara oportunamente, la justicia imputó por homicidio culposo al gasista que trabajó en la casa donde fallecieron los hermanitos de 9 y 5 años.
Mientras tanto el gasista que declaró en la causa si bien reconoció haber cambiado el termotanque, dijo que el cambio del calefactor lo llevo a cabo otro gasista.
El calefactor con su mal funcionamiento provocó la tragedia que se llevó la vida de las dos criaturas.
El aparato en cuestión había sido cambiado de lugar, mientras que al termotanque instalado le habían contectado una cañería correspondiente a 2.000 calorías, mientras que el termotanque era de 4.000.
También se pudo corroborar con la realización de las correspondientes pericias que había irregularidades con las rejillas y la claraboya del baño.
Además se pudo determinar que las modificaciones concretadas en el inmueble que alquiló Graciela Arriola, nunca fueron verificadas por inspectores de Camuzzi, como corresponde en estos casos, para dar certificación del buen funcionamiento y la correcta instalación de los aparatos en cuestión.
Cabe mencionar que ahora se llevan a cabo un entrecruce de llamadas, para poder corroborar si lo declarado por el gasista se ajusta a la realidad, o si por el contrario de trata de un ardid para eludir la responsabilidad penal en el caso.
A su vez la causa tiene otra derivación, puesto que fue puesto en disponibilidad uno de los efectivos policiales que concurrió aquel día a la escena de la tragedia.
Gustavo Salomón, de él se trata, está acusado por “Hurto calamitoso agravado” y a su vez otros uniformados que intervinieron en el caso fueron reasignados. Uno fue derivado a la Jefatura Distrital y el restante enviado a una dependencia policial de General Alvear.
Al parecer hay varias escuchas telefónicas que comprometen seriamente al efectivo policial, puesto que el aparato, según pudo averiguar LA VOZ, fue activado apenas 20 minutos después de haber sido retirado del domicilio de Uriburu 1087 donde murieron los menores.
Cabe mencionar que la investigación ha reunido elementos para imputar al policía en base a las numerosas escuchas obtenidas, inclusive la esposa del uniformado habría utilizado el aparato. Al parecer le habría dicho a su esposa que había encontrado el celular.
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