28 de septiembre de 2020
Así lo reveló el primer informe sobre la Interrupción Legal
del Embarazo que elaboró la cartera sanitaria provincial que conduce Daniel
Gollan a través de un sistema de registros con datos sobre el acceso a esta
práctica médica.
El primer informe de gestión sobre la estrategia de
implementación de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en la provincia se
presentó en forma virtual con trabajadores de Salud de todas las regiones
sanitarias, en el marco del Día por la Legalización del Aborto en América
Latina y el Caribe.
"El relevamiento de la cartera sanitaria bonaerense
registró 5.028 interrupciones legales entre enero y junio del año 2020",
precisó el comunicado de la cartera sanitaria.
El ministerio indicó, además, que el 80 por ciento de los
hospitales provinciales realiza interrupciones legales y seguras y determinó
que se sumaron otros 87 nuevos establecimientos de salud.
El informe relevó también que en lo que va del año, se
invirtieron 39 millones de pesos en 16 mil tratamientos para interrupciones
seguras.
"Un hecho histórico en el que por primera vez el
Gobierno bonaerense compró misoprostol para garantizar la ILE. El medicamento
fue adquirido a un laboratorio de producción pública", detalló el
Ministerio.
El informe fue presentado por la directora provincial de
Equidad de Género en Salud, Sabrina Balaña, junto con la directora de Salud
Sexual y Reproductiva, Carlota Ramírez, a modo de balance de los primeros seis
meses de trabajo para garantizar el derecho al acceso a la Interrupción Legal
del Embarazo.
"Es un día muy importante para compartir este proceso
de trabajo conjunto y colectivo, es un trabajo que se viene haciendo desde el
ministerio junto con todos los equipos de salud de gestión y atención",
reflexionó Balaña.
Y agregó: "No hay un sistema sanitario que pueda
generar salud sin un trabajo en red junto con las organizaciones
sociales".
Por su parte, Ramírez destacó que recuperaron "la
historia de los equipos de salud de la provincia" y generaron
"condiciones de posibilidad y mecanismos de registro para poder mostrar el
inmenso trabajo que se realiza en los territorios para transformar la realidad
de las mujeres".
"Compartimos esta información porque la Interrupción
Legal del Embarazo es una política pública priorizada en la provincia, y nos
llena de orgullo, podemos mostrarlo, dar cuenta dónde están los
problemas", afirmó.
Este trabajo se da en el marco de la adhesión en enero
pasado al "Protocolo Nacional para la Atención Integral de las Personas
con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo", por el gobierno de la
provincia de Buenos Aires a través de la Resolución conjunta Nº 1/2020, junto
con el Ministerio de las Mujeres Políticas de Género y Diversidad Sexual.
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