Locales. Médicos piden la "cabeza" de directores y anuncian quite de colaboración

Vuelve a tensarse la cuerda entre el Gobierno y los médicos municipales, en tanto la cesantía de los pediatras Arnaldo Scarcella y Daniel Paridini provocó una dura reacción de los profesionales, que ayer reclamaron la reincorporación de los galenos, la renuncia de los directores del Hospital de Niños y anunciaron un plan de lucha con quita de colaboración.
Ayer a la mañana, en una asamblea que se desarrolló en el Hospital "Ramón Santamarina", 62 facultativos de diferentes áreas comunales firmaron un petitorio que abre una nueva pulseada en la ríspida relación con el intendente -y colega- Miguel Lunghi.
Un clima caldeado ganó la escena en la reunión convocada por el gremio Cicop, donde médicos del nosocomio central, el Debilio Blanco Villegas y centros de salud, en una convocatoria calificada de "importante", solicitaron la "cabeza" de dos actores: Héctor Equiza y Alejandro Ruffa, director y responsable administrativo del centro pediátrico.
También exigieron el retorno de los pediatras echados por el caso Jorge Mato Luján, el pibe de 13 años que falleció en el DBV.
A los cuestionamientos por la "desprolijidad" del sumario administrativo, los galenos le sumaron una fuerte crítica a los conductores del Hospital de Niños.
En contacto con LA VOZ, el doctor Pablo Díaz Cisneros, referente gremial, opinó que tras el decreto de expulsión hay fines "mediáticos" y "electoralistas", para luego sostener que Equiza y Ruffa carecen de todo "consenso" dentro del personal que tienen a su cargo.
Amparados en una "representación mayoritaria", los profesionales de la salud defendieron a Pardini y Scarcella, quienes prefirieron no asistir al cónclave para evitar una incidencia en posibles opiniones adversas, que finalmente tampoco se escucharon en el recinto.
Cuestionaron que frente a un "supuesto error", que todavía no fue ratificado por la Justicia penal -incluso hay pericias que favorecen a los pediatras-, el Ejecutivo firme un decreto que "es un disfraz, pues primero intentaron dilucidar las causas de la muerte del paciente, y como no los pudieron inculpar, se tomaron de la figura de error administrativo".
Sobre los responsables del DBV, se quejaron porque serían constantes las "amenazas con sanciones a los médicos que van a las reuniones en el Ramón Santamarina, los hacen sentir que están vigilados cuando es un derecho de cualquier trabajador participar de una asamblea gremial", añadió Díaz Cisneros. Y en torno a Ruffa, le achacan un presunto mecanismo de "presión" al personal.
"Si los directores no tienen un mínimo consenso en el personal que tienen a cargo, esto es como un barco sin timón, pues el resultado es la ineficiencia total, algo que termina perjudicando al paciente", sostuvo el jefe de Cicop.
Se sienten afectados por la "desprotección ante cualquier error que puede tener todo trabajador, y aquí la sanción es el despido, una medida mediatica y electoralista", reiteró. Por eso Díaz Cisneros estipuló que "es mucho más facil estigmatizar al médico, condenarlo con prejuzgamiento y echarlo, que investigar a fondo con perfil bajo, algo que quizás no les genera votos", analizó desde la óptica política.
Asimismo, acordaron iniciar un pronto plan de lucha, que incluirá notas al Gobierno y solicitadas en los medios gráficos. Allí confirmarán el inicio de un quite de colaboración, es decir, determinadas horas sin atención (garantizando las guardias) y en una etapa final, si no surgen respuestas que consideren satisfactorias, "iríamos al paro", prometieron.