Pedirán usar la Banca 21. Movilización frente al Municipio en rechazo al cierre del Fondo de Integración Socio Urbana

En el marco de la concentración llevada a cabo este martes por la mañana, Paula Alonso Torres, miembro de la Cooperativa de Construcción del MTE, explicó que la actividad consistió en una asamblea "en el marco de una jornada de lucha, de denuncia, pero también de defensa por la Ley de Barrios Populares, por el Fondo de Integración Socio Urbana, que hace ya varias semanas fue anunciado que va a dejar de existir".

"La idea es, después de la asamblea, poder ingresar al municipio, que nos atienda un funcionario local y presentar el pedido de banca 21, para que el Estado local nos pueda acompañar en este reclamo. Hoy en Tandil son 10 barrios populares, son más de 2.000 familias que no acceden al agua, a la cloaca, a la electricidad segura, nada, a la infraestructura básica para vivir dignamente", detalló.

Y agregó que "además va a afectar a 5 millones de familias a nivel nacional y también a la pérdida de muchísimos puestos de trabajo. A nivel nacional son casi 250.000 puestos de trabajo que se pierden y a nivel local son dos cooperativas que vienen llevando a cabo estas obras desde el 2022 y que hoy corre riesgo el trabajo de 80 familias".

"Nosotros le decimos al gobierno nacional que lo que está haciendo es de un terrible abandono a la gente, a las familias y de una decisión brutal y de crueldad, básicamente. Que el Estado se retire significa que la gente viva peor, eso significa", aseguró.

Explicó que en la cooperativa que integra "nos dedicamos a la construcción. Nacimos un poco al calor de esta ley porque también somos vecinos de los barrios. La hemos peleado allá en el 2016. El registro de barrios populares se realizó con vecinas, vecinos, organizaciones sociales, con la iglesia también. Y salimos a relevar en su momento, vivienda por vivienda, cuáles eran las condiciones en que vivían las familias en los barrios populares. Así se creó un registro que actualmente hoy lo conforman 6.500 barrios populares. Son más de 5 millones de familias que viven en esos barrios y que están viviendo sin acceso a los servicios básicos. A partir de este registro, en el 2018 se aprueba la herramienta que es la FISU que viene a garantizar las obras para los barrios".

"Hoy lo que hace el gobierno actual es eliminar este Fondo y dejar obras que ya han sido comenzadas y están frenadas, están paradas. A nivel nacional son más de 30.000 obras que están frenadas y a nivel local son dos obras fundamentales que es el agua para Movediza II y un proyecto de cloacas también para el barrio Los Charitos y La Unión. Y una obra también que se estaba desarrollando en el barrio de Villa Laza, sobre todo de pavimentación y veredas", indicó Alonso Torres.

"La verdad que es muy angustiante lo que está sucediendo. Nosotros consideramos que es una política realmente de crueldad, de abandono y que manifiesta un odio hacia los que vivimos en los barrios populares, un odio hacia los sectores más vulnerables", opinó.