Locales. No viene Aguilera y el defensor oficial pide al municipio que inicie las obras

El jefe de gabinete, Juan Pablo Frolik, había anunciado para hoy el arribo del administrador del Instituto Provincial de la Vivienda, Gustavo Aguilera, pero en las últimas horas fuentes del mismo Ejecutivo confirmaron la cancelación de la visita.
La reunión en Tandil buscaba avanzar en el proceso administrativo para la construcción de 22 prefabricadas que permitan descomprimir la emergencia social, sobre todo el apremiante diagnóstico que sufren las 13 familias ocupantes del barrio Smata, cuando corre la cuenta regresiva hacia un posible desalojo judicial.
Recientemente Frolik había mantenido comunicaciones con Marcelo Opel, el director general de Inmobiliaria y Social del IPV. Los contactos programaban la llegada de Aguilera para el jueves (es decir, hoy), con vistas a definir la suerte del llamado a concurso de precios, al que se presentaron dos empresas, no sin objeciones y amenazas de impugnación ("Viviendas Roca" denuncia que su competidora, de Tres Arroyos, no cuenta con el certificado de aptitud obligatorio).
Con todo, el lunghismo aclaró que los 700.000 pesos bajados por la Anses, vía provincial, sólo alcanzan para financiar 10 casas. Y por eso intentaban que el estado bonaerense gestione más recursos para culminar con las 22. Esta solicitud iba a formalizarse en la reunión con Aguilera, que se frustró de acuerdo a lo expuesto por la Dirección de Prensa comunal.
En este marco de incertidumbre, el concejal del PJ-FPV, Antonio Ferrer, convocó al Ejecutivo para que acelere los tiempos del concurso y empiece urgente con las obras, en tanto el opositor cuestionó las dilaciones radicales.
El debate ingresó así al terreno político partidario, pues Frolik le recordó a Ferrer que pertenece al mismo signo político del Gobierno Provincial -por lo tanto del IPV-, que junto al municipio es responsable de determinar la suerte de la veintena de industrializadas.
Con todo, el Gobierno local ahora sostiene que se está "negociando" con los oferentes privados, que no beneficiarán a ningún contendiente y se tomarán el tiempo necesario para decidir el mejor precio para costear la mayor cantidad de unidades habitacionales. Ergo, Lunghi no quiere invertir ya los 700.000 pesos en 10 casas, cuando con más recursos podría levantar el doble de las viviendas, aprovechando un mejor costo. El problema es que hoy esos fondos no están, y están pendientes de conseguirse en niveles superiores de Gobierno.
Además, en la víspera Frolik transmitió un mensaje de paciencia en torno a los plazos, pues en primer lugar el desalojo ordenado por la jueza de Garantías no está firme, en tanto quedó pendiente de resolución un recurso de apelación. Por otro lado, barajan alternativas fijadas en el acuerdo firmado con las familias que tomaron el Smata, por caso solicitar la prórroga del desalojo, o reubicar transitoriamente a la gente en alquileres solventados por la Secretaría de Desarrollo Social.
Así la comuna defiende en estos momentos una estrategia de cautela para analizar la mejor opción, una jugada que se contrapone a los propios argumentos del gabinete esgrimidos hace dos semanas, cuando sostenían que la comisión de evaluación de las ofertas iba a tomarse sólo algunos pocos días para elegir la propuesta ganadora. Y acelerar de esa manera la ejecución de los trabajos.


ARAUJO: "ESTAMOS MUY PREOCUPADOS"

El doctor Diego Araujo, defensor oficial y representante legal de las 13 familias que ocupan el barrio Smata, dijo sentirse "muy preocupado por el marco de incertidumbre que rodea a la construcción de estas viviendas".
En diálogo con LA VOZ, el funcionario del Poder Judicial recordó el compromiso que firmaron "todas las partes", dígase Provincia, municipio y vecinos, con vistas a destrabar el conflicto mediante la edificación de las industrializadas.
También aclaró Araujo que el desalojo, ordenado por la jueza y previsto para la primera quincena de noviembre, fue apelado: "no hay sentencia firme, la Cámara puede confirmar o rechazar. Si confirma la decisión de la magistrada, estaríamos ante un conflicto social en ciernes", advirtió.
Por eso el defensor calificó como un "sin sentido" que se repita un nuevo diferendo social cuando "estaba todo resuelto".
Luego Araujo, ya sobre el concurso de precios, dijo que el Insituto de la Vivienda deberá hacer una evaluación técnica del informe elevado por el Ejecutivo, y analizar la variación de precios que se produjo en este último tiempo.
Sin embargo, el referente judicial consideró que "están dadas todas las condiciones para el municipio de un gesto de buena voluntad y empiece con algunos trabajos". Alude Araujo a la identificación de los terrenos fiscales donde se construirán las unidades habitacionales, así como la apertura de calles. Sea esto en La Movediza o en zonas más urbanizadas. "No veo ningún impedimento para que comiencen", argumentó.
Sobre la alternativa del alquiler transitorio, Araujo apuntó a ciertos "inconvenientes", pues no resulta sencillo encontrar alojamiento provisorio cuando el municipio compromete el pago pero no sale de garantía. Esa requisito hace que "a la gente no le quieren alquilar un inmueble por dos, tres o cuatro meses hasta que terminen de construir las casas", fundamentó.
Además Araujo aseveró que el alquiler "no es el mejor remedio, estando el dinero y con voluntad política, se podría iniciar ya con la obra. Pues la situación de emergencia no cambió, por el contrario, se agravó".
Finalmente, destacó que el acuerdo establece que la Provincia tiene a su cargo inyectar el dinero y hacer los planos, y el municipio debe cumplir con el resto de las tareas, sobre todo para "brindar tranquilidad a la gente".