Nacionales. Olivosgate: para el Gobierno, el dinero acordado repara un error­

La funcionaria se refirió al acuerdo que alcanzó esta semana el jefe de Estado en el marco de la causa en la que se lo imputó por violar la cuarentena.­

Para Cerruti, "es una forma de resarcir algo que fue un error, que estuvo mal. Es una causa que está bien que termine de alguna manera, que el Presidente y la primera dama, Fabiola Yáñez, hayan acordado una compensación'', aseguró la portavoz presidencial.­

Cerruti se expresó de esta forma al contestar preguntas de los usuarios de Instagram a través de sus historias.­

"En el caso del Presidente es un monto que equivale a comprar un respirador. Tanto el Presidente como la primera dama han reconocido en numerosísimas oportunidades que fue un error, que estuvo mal, y que de alguna manera hay que resarcirlo y este es el acuerdo al que han llegado con la Justicia'', aseguró.­

Esta semana, el fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez dictaminó a favor de conceder la `conciliación' al Presidente y a la primera dama para cerrar la causa por violación de las medidas de contención contra el covid-19 que el mismo Fernández impulsó al celebrar un cumpleaños en la Quinta de Olivos cuando estaba expresamente prohibido durante la pandemia.­

El representante del Ministerio Público dio su aprobación a la oferta de reparación del daño formulada por la pareja presidencial, que consiste en el pago de 1,6 millón de pesos por parte de Alberto Fernández y de 1,4 por parte de Yáñez.­

El Presidente estuvo representado por el abogado Fernando Sgro, en tanto que la primera dama, por Juan Pablo Fioribello.­

Los pagos deberán ser aplicados a instituciones hospitalarias dedicadas al combate contra el coronavirus y, una vez cumplidos los términos del acuerdo, tanto el mandatario como su pareja serán sobreseídos.­

El acuerdo del fiscal es un paso indispensable para la resolución del expediente mediante uno de los mecanismos alternativos contemplados en el Código Procesal Penal.­

Una vez que concuerdan la parte acusadora (en este caso, el fiscal) y la acusada, el juez sólo debe controlar que se hubieran respetado las garantías constitucionales y que no haya `arbitrariedad', para luego homologar el acuerdo.­