3 de agosto de 2026
En una ofensiva legal y administrativa, la Asociación Civil Punto Verde Tandil junto a las asambleas del Barrio de la Estación y Barrios de Piedra han solicitado la intervención urgente de la Defensoría del Pueblo y del Concejo Deliberante (HCD). Denuncian la inconstitucionalidad de la normativa vigente y exigen transparencia en el manejo del patrimonio vial de la ciudad.
El debate por la preservación de la
identidad urbana de Tandil ha escalado a nuevas instancias institucionales. A
fines de julio, las principales organizaciones civiles que defienden el
empedrado local presentaron sendas notas a la Defensora del Pueblo, Dra. Paula
Lafourcade, y al HCD, con el objetivo de frenar lo que consideran un retroceso
arbitrario en la protección del patrimonio histórico, cultural y ambiental.
La
inconstitucionalidad de la Ordenanza N.° 11.400
El eje del reclamo se centra en la
derogación, ocurrida en 2009, de la Ordenanza N.° 9.821, la cual brindaba
tutela integral a 143 arterias adoquinadas.
Según las organizaciones, esta medida,
consumada a través de la Ordenanza N.° 11.400, fue un "tratamiento
exprés" carente de fundamentación técnica y de participación ciudadana.
Los denunciantes sostienen que este acto
viola el Principio de Progresividad y No Regresión, garantizado por el Artículo
41 de la Constitución Nacional y tratados internacionales.
Bajo este argumento legal, exigen la
"restitución automática" de la protección sobre aquellas 143 calles
originales como un piso mínimo innegociable, buscando ampliar la tutela a un
total de 161 calles empedradas en toda la ciudad.
Ante lo que describen como un bloqueo en el
debate legislativo, las organizaciones han solicitado a la Defensoría del
Pueblo que reitere su pedido de incorporación formal a la Comisión de
Patrimonio Municipal con voz y voto.
Consideran que la falta de respuesta del
Departamento Ejecutivo ante este pedido constituye una restricción a la
transparencia administrativa.
Asimismo, han requerido acceso a
información pública clave que hasta el momento les ha sido esquiva:
Rechazo
a la falta de mantenimiento
En su comunicación al Concejo Deliberante,
las entidades rechazaron los argumentos del Ejecutivo que justifican el
deterioro de las calles por la supuesta falta de personal idóneo o recursos
económicos.
Para las asambleas, esto representa una
grave falencia en la capacidad de gestión y contralor por parte del municipio
en los últimos años.
La presión no es solo administrativa. Las
organizaciones han solicitado a la Defensoría del Pueblo asesoramiento para
evaluar la presentación de una nueva Acción de Amparo Colectiva o una objeción
de inconstitucionalidad.
El objetivo final es obtener una medida
cautelar que logre el freno de cualquier futura obra de asfaltado o remoción
sobre el listado histórico de calles hasta que se resuelva la cuestión de fondo
sobre la restitución patrimonial.
Las notas llevan las firmas de María José
Abásolo (Punto Verde Tandil), Patricia Gavazza (Asamblea del Barrio de la
Estación) y Lucas Ezequiel Islas (Asamblea Barrios de Piedra), quienes
permanecen a la espera de una respuesta que esté "a la altura de la historia
de nuestra ciudad".
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