6 de agosto de 2026
La Mesa Intersindical y diversos movimientos sociales advierten que el proyecto de reforma, que se debate este jueves en el Senado de la Nación, "busca consolidar la concentración de la tierra y profundizar la desigualdad social bajo la consigna de que la soberanía no se negocia".
En el marco de una jornada nacional de protesta,
organizaciones sociales, sindicales y ambientales de Tandil se concentraron este
jueves, en la Plaza Independencia de nuestra ciudad, para manifestar su firme
rechazo al proyecto de "Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada" que
impulsa el gobierno nacional.
Según el documento difundido por los convocantes, la
iniciativa oficialista pretende transformar la propiedad en un "privilegio
absoluto", dejando de lado su función social y los derechos colectivos
consagrados en la Constitución.
El proyecto, que ingresó al Senado en marzo y tras varias
dilaciones se trata en la sesión de este jueves, propone modificaciones
estructurales en áreas críticas como el régimen de expropiaciones, desalojos,
tierras rurales y el manejo del fuego.
Las organizaciones denuncian que la reforma busca
"achicar las herramientas del Estado" para regular el territorio y
frenar la especulación.
Entre los puntos más preocupantes destacan:

El impacto local en
Tandil
Para las organizaciones locales, el debate no es abstracto.
En Tandil, los datos del Censo 2022 revelan que casi el 30% de los hogares
alquila, mientras que aproximadamente 1.500 propietarios carecen de
documentación sobre su vivienda.
"La tierra destinada a producir alimentos o garantizar
un desarrollo urbano equilibrado no puede quedar subordinada únicamente a la
rentabilidad financiera", señala el documento de la Mesa Intersindical.
La expansión sobre áreas serranas y las dificultades para
acceder a lotes con servicios son realidades que, según advierten, se agravarán
si se aprueba esta ley.
Advertencia
internacional
La movilización también se apoya en la advertencia del
Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a una vivienda
adecuada, quien señaló que el proyecto podría ser incompatible con tratados
internacionales de derechos humanos al desproteger a los sectores más
vulnerables frente al interés general.
Las organizaciones cierran su posicionamiento exigiendo el
rechazo total del proyecto y la implementación de políticas públicas que
garanticen que la propiedad cumpla su función social y esté subordinada al
bienestar general y al cuidado ambiental.
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