28 de octubre de 2014
Durante el fin de semana, representantes de estas organizaciones, estuvieron reunidos con los vecinos de Villa Cordobita que lograron suspender momentáneamente la orden judicial de desalojar el territorio. Tras ese encuentro, con la firma de los propios vecinos del barrio, más el acompañamiento de agrupaciones como la Asamblea por la Tierra y la Vivienda Tandil; la Asamblea La Poderosa Tandil; la Agrupación “1° de Octubre” en la Corriente Clasista y Combativa; Patria Grande Tandil, el Partido Obrero y la Unión de Juventudes por el Socialismo, se emitió un duro comunicado titulado “Villa Cordobita: SÍ al derecho a la vivienda. NO a la especulación de funcionarios públicos”.
En el mismo, los firmantes aducen que “el crecimiento demográfico y económico de Tandil benefició casi exclusivamente a un sector minoritario de la población, incrementando la desigualdad y la exclusión territorial”.
Consideran que “la zona de Tandil ha sido clave en el desarrollo de la riqueza de la clase dominante y se garantizaron un mayor valor de sus tierras y un mejor negocio inmobiliario. De tal manera que hoy una hectárea en Tandil cuesta 20.000 dólares”.
En la misiva, se expresa también que “esta desigualdad continúa: de las 450.000 ha con las que cuenta nuestro distrito, la gran mayoría la concentra el 1% de la población. Con la extraordinaria renta agraria, la oligarquía terrateniente también ha desarrollado sus negocios inmobiliarios en la ciudad” y destacaron que “hoy tenemos personas que tienen hasta 300 viviendas en alquiler, mientras que hay un déficit habitacional que afecta a más de 7000 familias”.
“En este contexto -indicaron-, en Villa Cordobita, la empresa Tandilia SRL desapareció en los años "50 dejando propiedades acéfalas. En estos lotes, muchas familias comenzaron a ejercer la posesión pacífica a fines de los ´90, producto de la necesidad de garantizar el derecho vulnerado a la tierra y la vivienda digna, proceso que sigue hasta la actualidad en los terrenos aún libres”.
Acusaron que “unos pocos vieron e hicieron un negocio de esto” y apuntaron que “hubo personas que alambraron hasta más de tres terrenos para luego vender su posesión y otras que simplemente pagaron impuestos para luego acceder a un juicio de usucapión. Éstos forman parte de la rapiña del negocio inmobiliario de nuestra ciudad que pretende desalojar a cuatro familias que tienen la posesión real de los lotes de Arlt y Paraguay. Para esto usan herramientas legales que conocen y manejan muy bien, incluso contradiciendo el Código Civil y el Código Penal (porque el denunciante no acredita la propiedad y, por ende, no existe delito de usurpación). Todo esto para "restituirle" la tenencia a alguien que jamás la tuvo y desalojar a los que sí tienen la posesión real”.
Advierten los manifestantes que “esta situación deja en evidencia el tráfico de influencias. Involucra al (abogado Rodrigo) López Santoro, conocido en Tandil por cercar terrenos fiscales y hacer asiduamente juicios de usucapión, en este caso, abogado de Estanislao Campos (el denunciante)”. Aseguran que el mencionado abogado “llamó a declarar como testigos en la causa a Zulma Ferreira de Theill”, quien es funcionaria pública a cargo del área de Legales del Municipio, “que también se encuentra ejerciendo posesión de lotes de Tandilia SRL”. También se menciona a “Gabriel Occhi, que trabaja en la Defensoría Pública N°2 y que es de público conocimiento que cercó varios lotes en el barrio, de la misma empresa” y a “Mario Melillo, conocido como "Chimango", quien habita en un lote, tiene cercados los lindantes y ya ha comercializado la posesión de varios, cumpliendo además el rol de cuidador de los lotes alambrados por Occhi”.
Las organizaciones sociales advirtieron que “estos dos últimos declararon en la causa haber alambrado junto a Campos los lotes en litigio en el año 2003. Estamos hablando de un defensor oficial y una funcionaria del gobierno municipal, personas con acceso a información que nadie más conoce, declarando como testigos voluntarios en una causa para desalojar compulsivamente a cuatro familias y así garantizar que su amigo (o socio) culmine su negocio”.
“Del expediente que estas personas armaron también se desprende que habilitaron al denunciante el pago de impuestos municipales, algo que ningún vecino que ejerce la posesión pacífica e ininterrumpida desde hace más de 15 años ha podido lograr”, aseveraron.
En ese sentido, quienes hicieron público el comunicado denuncian “una asociación ilícita que conforman abogados, funcionarios municipales y funcionarios judiciales para apropiarse de las tierras fiscales o con propiedad acéfala, utilizando herramientas legales y tráfico de influencias”.
“Seguimos investigando y cada vez se encuentran más irregularidades producto de su propio descuido. Se pone en evidencia que es su práctica habitual y se encuentran protegidos por la impunidad; por eso tienen el descaro de aparecer todos juntos en la causa ya que son amigos o socios”, remarcaron.
Anticiparon que “vamos a exigir al Concejo Deliberante que investigue e informe sobre el desempeño como funcionaria de Zulma Ferreira de Theill y sus vinculaciones con López Santoro, Gabriel Occhi, Roberto Melillo y Estanislao Campos, por tráfico de influencias y filtrar datos catastrales para facilitar el litigio constante de estos personajes. Así también exigimos que el Concejo solicite información a la Justicia sobre los abogados patrocinantes de juicios de usucapión de los últimos 10 años para probar quiénes se han beneficiado y desentrañar la asociación ilícita que denunciamos”.
“López Santoro litiga, Occhi no defiende y Zulma Ferreira pasa los datos”, graficaron.
“Además, hemos pedido la intervención de la Secretaría Nacional de Acceso al Hábitat que solicitó la suspensión por 180 días del desalojo compulsivo (Nota N° 0936/14, recibido en el Juzgado de Garantías N°2 el 23/10/14)”, expresa el mismo documento.
En ese sentido, representantes de las organizaciones que se encuentran movilizadas por esta denuncia, realizaron una manifestación en el interior del Palacio Municipal y luego se dirigieron al Juzgado de Garantías N°2 de la Dra. Stella Maris Aracil, “para que la jueza que entiende en la causa se expida a favor de la suspensión por 180 días del desalojo”.
Criticaron con dureza que existan “inescrupulosos y corruptos enquistados en el Poder Judicial y el Gobierno Municipal, mientras miles de familias no tienen vivienda, se benefician abogados y funcionarios con tierras que podrían solucionar los problemas habitacionales de los trabajadores de Tandil”.
Pidieron finalmente que “se investigue y se destituya a los funcionarios que no desempeñan bien su rol y se benefician de éste. No hacerlo indica complicidad del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial en el negociado de la especulación inmobiliaria”.
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