Locales. Organizaciones sociales marcharon por una política habitacional en Tandil

Un centenar de personas, militantes por una política de vivienda, organizaciones sociales y políticas y estudiantes de la Unicen, se congregaron ayer en el palacio municipal para exigir un plan habitacional del Estado que resuelva el déficit que sufre la ciudad.
Una amplia paleta de organizaciones protagonizó la marcha, que comenzó poco después de las 10 y se prolongó hasta pasado el mediodía, en tanto se cristalizó un contundente rechazo a la situación de "vulnerabilidad" que atraviesan las casi 30 familias que ocupan el barrio Smata.
Altoparlantes, banderas y música de León Gieco coparon la explanada de Belgrano al 400. Luego el jefe de gabinete, Juan Pablo Frolik, recibió 2 petitoros (ver aparte), aunque el Gobierno local no se movió ni un ápice en la tesitura original: la responsabilidad es de los ejecutivos nacional y provincial.
El petitorio del barrio Smata reiteró la necesidad de dotar al barrio de energía eléctrica para las "30 familias", tras el incendio de la cuarta unidad habitacional, que puso al descubierto el peligro que representa el alumbrado a vela, indicaron.
"Ocupar no está bien, pero debe existir responsabilidad política de los funcionarios que tienen incidencia en materia de viviendas", aseguran los tomadores, para luego aseverar que "nos ponemos en el lugar de los adjudicatarios" que esperan sus casas y "no encontraron soluciones".
El sector se siente víctima de la "indignidad y poca humanidad", por eso propusieron redireccionar el dinero que el municipio oferto a los vecinos en concepto de alquiler. Son 18 meses a un costo de entre 700 y 1.000 pesos mensuales, lo que totaliza entre 10.000 y 15.000 pesos al año.
Para los firmantes, la renta como paliativo "no es la solución real sino que traslada el problema en el tiempo", por eso reclaman los lotes del barrio La Movediza, en Salta y Azucena. Son los polémicos terrenos que fueran ofrecidos a las "Mujeres sin Techo", donde un particular plantó soja en forma irregular.
Al mismo tiempo, piden que se constituya una comisión de control de gestión con los recursos humanos del municipio y otras ONG con experiencia en la materia para colocar los recursos que van a alquileres en "planchones, cemento y chapas". Un cálculo acorde al mercado actual indica que con 10.000 pesos se levanta una vivienda de planchones con 2 habitaciones, baño, aberturas e instalación. "Sufrimos un alto riesgo de vida", cerraron.

EL APOYO DE LAS "SIN TECHO"
Stella Maris Cena, líder de "Mujeres sin Techo", participó de la marcha en respaldo a los ocupantes de Smata. La agrupación entiende que tomar casas "no es la solución y por eso nunca lo avalamos", pero "no condenamos" a las personas que habitaron los inmuebles, "apoyando la búsqueda de una solución real y definitiva". Con el registro habitacional abierto, ahora van por un "banco de tierras". La mayor preocupación de la entidad -añadieron- pasa por "la cantidad de niños que ven vulnerados sus derechos, los que el Estado debe defender". "No pretenden nada regalado, sino que están dispuestos a trabajar y pagar por sus viviendas", concluyeron desde la consigna que apunta a un desenlace "pacífico".

EL FORO DE LA NI?EZ
Un duro comunicado emitió el Foro por los Derechos de la Niñez, la Adolescencia y la Juventud de Tandil al denunciar la "perpetuación de la vulneración" de derechos en el barrio Smata. Integran el espacio organizaciones sociales y ciudadanos "preocupados por la situación de la niñez, la adolescencia y la juventud, por defender sus derechos, por pensar la construcción de políticas públicas desde una mirada y prácticas participativas".
El foro expresó una "profunda preocupación" por la situación de "vulneración absoluta de los derechos de los niños/as de Smata y sus familias". Así, fundamentan sus postura en el informe socioambiental y el "51 %" de menores en la composición total de la toma. "Hacinamiento, espacios con malezas, desechos de basura, presencia de roedores, falta de servicios básicos", enumeraron sobre el duro panorama.
Para que la nueva Ley de Infancia no quede en "letra muerta", piden los referentes sociales que "se de inmediata intervención y distribución efectiva de recursos materiales que permitan aportar en las garantías institucionales básicas de respeto a la condición de seres humanos".