Nacionales. Oyarbide dictó captura a un ex presidente peruano

El juez federal Norberto Oyarbide dictó ayer la captura internacional y pidió a Perú la detención con fines de extradición del ex presidente de facto de ese país, Francisco Morales Bermúdez, como así la indagatoria del ex dictador Jorge Videla, y su ex ministro del Interior, Albano Harguindeguy, en una causa por privación ilegal de la libertad y torturas a ciudadanos peruanos.
La decisión derivó de una investigación sobre la detención sin orden judicial en Perú de 13 ciudadanos peruanos y su traslado ilegal a Argentina, en el marco del Plan Cóndor de colaboración entre dictaduras de la región para la represión ilegal, según la resolución de ayer.
En la causa se dio por acreditado que todos fueron llevados a la Argentina porque la dictadura quería presentarlos como refugiados en el país con pedido de asilo político, para mejorar su imagen en el exterior en medio del campeonato mundial de fútbol de 1978.
Las detenciones ocurrieron el 25 de mayo de 1978 y los ciudadanos peruanos fueron trasladados en avión hasta el país, mantenidos secuestrados en varios lugares para que firmaran lo que quería la dictadura que encabezaba Videla, y finalmente enviados de nuevo a Perú como "expulsados".
Oyarbide consideró que se trató de un delito de "lesa humanidad", imprescriptible, y ordenó indagar a Videla y Harguindeguy, el 22 y 23 de febrero próximos.
Ambos ya están detenidos a su disposición en otras causas por delitos de lesa humanidad, por lo cual en esas fechas serán trasladados a los tribunales federales de Retiro.
En cuanto a Morales Bermúdez, el juez Oyarbide solicitó a ese país la "detención provisoria y o preventiva con fines de extradición", y paralelamente ordenó su captura internacional.
La causa es por privación ilegal de la libertad a raíz de uno de los ciudadanos peruanos, Ricardo Napuri Schapiro, secuestrado en la madrugada del 25 de mayo de 1978 en Lima junto a José Bravo, Justiniano Aspaza Ordoñez, Alfonso Baella Tuesta, Hugo Galdos, Humberto Larrain, Ricardo Díaz Chávez, Javier Canseco Cisneros, Genaro Inquieta, Ricardo Letts Colmenares, Valentín Pacho Quispe, José Arce Larco y Guillermo Faura Gay.
Todos eran opositores a la dictadura peruana, cuya cabeza era el entonces general Francisco Morales Bermúdez, según la resolución, en una causa en la que el abogado querellante es Pablo Llonto.
El grupo fue acusado de supuestas "actividades subversivas" y trasladado a una base aérea donde sufrió golpes y tormentos.
Posteriormente un avión Hércules los trasladó esposados y vigilados al aeropuerto El Cadillal, en Jujuy, donde quedaron secuestrados en el regimiento de Infantería de Montaña 20.
Allí, según la denuncia, funcionarios de Cancillería Argentina, del Ejército y del Ministerio del Interior los "presionaron" para que aceptaran presentarse como "refugiados bajo el control directo de las Fuerzas Armadas".
Ante su negativa, se los instó a firmar un documento para presentarse como beneficiarios de asilo político y luego se los trasladó al sótano del departamento Central de Policía en Buenos Aires donde se hicieron tareas de "ablande" para que firmaran la solicitud de "asilo voluntario dirigido al gobierno democrático de las Fuerzas Armadas".
El juez dio por acreditado que como lo ocurrido coincidía con el Mundial de Fútbol que se jugaba en el país, la dictadura quiso presentar a los ciudadanos peruanos como asilados para mejorar su imagen en el exterior y finalmente fueron llevados al aeropuerto de Ezeiza en calidad de "expulsados" del país.
Por su parte, Morales Bermúdez -quien gobernó el Perú entre 1975 y 1980- aseguró ayer en Lima que su gobierno no participó del denominado Plan Cóndor.
El ex dictador peruano, de 90 años en la actualidad, aseguró lo que hubo "fue una deportación a Argentina de un grupo de políticos peruanos que estaban alterando el orden público, en momentos que el gobierno militar preparaba la transición a la democracia", señaló un despacho de la agencia Andina de Perú.
"Quieren a la fuerza encuadrar al Perú y al gobierno que presidí en el Plan Cóndor, al cual no entró nunca el Perú", aseveró Morales Bermúdez, al indicar que su país "no tenía motivos para ser parte de esa operación, porque -dijo- estaba camino a la transición" democrática.
En tanto, el ex constituyente Ricardo Napurí Schapiro, denunciante de Morales Bermúdez, dijo que el hecho no fue una simple "deportación", pues las personas enviadas a Argentina recibieron una golpiza previamente, y luego, fueron llevadas en un avión militar, amarradas a sus asientos, hasta una base militar en Jujuy.
Napurí Schapiro indicó que la justicia argentina no investigó una deportación, sino una acción que formó parte del llamado Plan Cóndor, vigente en las dictaduras latinoamericanas del pasado.
Por su parte, el titular del Congreso, Daniel Abugattás, sostuvo ayer que Morales Bermúdez deberá responder ante la justicia argentina por presuntamente haber participado del plagio dentro del Plan Cóndor, aunque indicó que le parece "exagerado" pedir la detención y extradición "de un hombre de casi 90 años".
"Es un hecho gravísimo. Si efectivamente ha estado vinculado, Morales Bermúdez tendrá que ser procesado como cualquiera que ha cometido un delito. Ese es un delito de lesa humanidad y no prescribe", agregó en declaraciones a la prensa en el Hall de los Pasos Perdidos del Parlamento, consignó el portal del diario El Comercio, de Lima.
Procesan a Bignone y a Patti
El juez federal de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, procesó con prisión preventiva al último dictador Reynaldo Bignone y al ex policía Luis Abelardo Patti, por el crimen de los militantes montoneros Eduardo Pereyra Rossi y Osvaldo Cambiaso, cometido en mayo de 1983, informaron hoy fuentes judiciales.
La medida también alcanzó al ex coronel Pascual Oscar Guerrieri, que comandaba el Destacamento 121 de Inteligencia de Rosario, ciudad donde se produjo el secuestro, y a otros seis ex militares.
Se trata de los ex miembros de esa unidad militar Walter Pagano, Ariel Porra, Juan Andrés Cabrera, Carlos Sfulcini y Ariel López, en tanto Luis Américo Muñoz, que se desempeñaba como segundo jefe del destacamento, también fue procesado pero sin prisión preventiva.
Eduardo "Carlón" Pereyra Rossi y Osvaldo Agustín Cambiaso fueron secuestrados en Rosario el 14 de mayo de 1983 y de allí conducidos ese mismo día a la localidad de Lima, partido de Zarate, donde fueron torturados y fusilados.
Ese crimen se cometió apenas cinco meses antes de la reinstauración democrática y el gobierno militar adjudicó las muertes a un "enfrentamiento" con una patrulla policial que integraba el ex policía Patti, junto a los ex numerarios Juan Amadeo Spataro (prófugo) y Rodolfo Diéguez (fallecido).
Una pericia realizada en por un perito de la Corte Suprema de Justicia determinó que ambos cuerpos tenían marca de aplicación de picana eléctrica, pese a lo cual la justicia ordinaria de San Nicolás sobreseyó a los ahora procesados en un dictamen confirmado luego por la Cámara Federal.
La causa fue reabierta por Villafuerte Ruzo ante las evidencias de la irregularidad del procedimiento la anulación de los sobreseimientos sobre la base del instituto de la "cosa juzgada irrita", ratificada por la Cámara de Apelaciones de Rosario en julio de 2011.
En su resolución, el juez también dictó la falta de mérito de Víctor Hugo Rodríguez y del ex arquero de Rosario Central y de la Selección Argentina de fútbol, Edgardo "El Gato" Andrada, quienes también cumplían para esa fecha funciones en el destacamento 121 de inteligencia.