Nacionales. Oyarbide tildó de "delicada" la causa contra Schoklender

BUENOS AIRES.- El juez federal Norberto Oyarbide calificó ayer de "muy delicado" el caso que involucra al ex apoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo Sergio Schoklender y afirmó que continuaban "en pleno desarrollo" los "procedimientos" vinculados al avance de la investigación por presunto desvío de fondos públicos y lavado de dinero.

En declaraciones a la agencia DyN, el magistrado adelantó que "seguramente el lunes por la tarde" dará a conocer mayores detalles sobre las medidas de prueba que dispuso, en respuesta al pedido realizado por el fiscal federal Jorge Di Lello para la evolución de la causa.

"Estamos en pleno desarrollo de los procedimientos, estamos en pleno desarrollo de tareas", señaló el magistrado.

Además, al ser consultado por esta agencia sobre el desarrollo de la investigación por el supuesto desvío de dinero público destinado a la construcción de viviendas sociales, señaló que "es muy delicado el tema, el lunes seguramente por la tarde ya se van a enterar".

Anoche, Oyarbide prohibió salir del país a Sergio y a su hermano, Pablo Schoklender, sucesor de aquel en la asociación que lidera Hebe Pastor de Bonafini.

Las medidas que continuaban ayer se suman a los allanamientos dispuestos el viernes por Justicia federal en cuatro domicilios vinculados al ex apoderado de Madres, a quien Di Lello pidió investigar por lavado de dinero, defraudación a la administración pública y asociación ilícita.

El magistrado requirió también a la fundación Madres de Plaza de Mayo que entregara documentos vinculados con las obras que realiza con fondos públicos, para ser afectados al programa habitacional "Sueños compartidos".

Los procedimientos realizados a medianoche tuvieron lugar en Alvarez Thomas 198, sede de la firma Meldorek -la constructora que realiza las viviendas para las Madres y cuyo domicilio legal compartía Schoklender-. En esa dirección aparece también Antártica Argentina SA, igualmente sospechada en el caso del descontrol financiero con fondos del Estado.

También se allanó una vivienda de Rosales 855, Ramos Mejía, otra sede de Meldorek; en Guevara 1430, la casa de la ex mujer de Schoklender, y el estudio jurídico de Schoklender, Tucumán al 1500, a metros del Palacio de Tribunales.

Voces de la oposición volvieron a cuestionar duramente ayer a la Casa Rosada por el escándalo y le recriminaron el silencio que guardó sobre el tema, pese a que un año atrás referentes de la Coalición Cívica le habían pedido a la gubernamental Unidad de Información Financiera (UIF) que diera curso a la Justicia frente a las sospechas sobre el descontrol financiero de Schoklender.

La jefa del GEN, Margarita Stolbizer, evaluó "aberrante" tratar de amparar "la corrupción y los delincuentes en el discurso legítimo y justo de los derechos humanos".

Y dijo que en torno a este caso "hay una responsabilidad muy fuerte y grande del Estado por haber inyectado recursos a una organización privada sin ningún tipo de controles sobre el destino de esos recursos".

En tanto, el jefe del bloque de diputados de la UCR, Ricardo Gil Lavedra, consideró "increíble" el "silencio" que se mantuvo desde el Gobierno nacional sobre este tema y analizó que "pareciera a primera vista se trata de un caso gravísimo de corrupción" con el aval de estamentos del Estado.

"Esto no podría haber sido posible si hay una red enorme de corrupción estatal que los ampare", advirtió el diputado radical y afirmó que es "una vergüenza que el Estado se niegue a dar información sobre el uso de fondos públicos y cuáles eran los mecanismos de control".

Por su parte, el flamante candidato a vicepresidente de la UCR, Javier González Fraga, consideró a las Madres de Plaza de Mayo "víctimas" del caso por el presunto desvío de fondos públicos y apuntó contra Sergio Schoklender y el Estado como "los dos grandes culpables" de este escándalo.

"Hace tres o cuatro años que el Gobierno está con este tema ¿y nos venimos a enterar ahora por la denuncia de un miembro de la oposición? No, la verdad es una vergüenza y el Estado debe empezar a dar explicaciones mucho más coherentes", exhortó.