4 de mayo de 2008
Por Guillermo Liggerini
El sueño de la casa propia sigue siendo, tristemente en los tiempos que corren, una de las más crueles cuentas pendientes, y de tanto en tanto los intereses políticos, los apremios de los que menos tienen como las especulaciones de los que sí tienen, provocan un estado de situación complejo, delicado, a veces violento.
Por estos días, una vivienda construida sobre el espíritu de una cooperativa que dejó de ser en años de derrumbe socio económico, resulta algo así como el paradigma de este complejo entramado en el que queda al descubierto que, algunas acciones (mal o bien intencionadas) acaban en una puja política tensa, se transforma en un botín que, en definitiva, la terminan padeciendo los que menos tienen, no aquellos que se apropiaron de la escena por un relativo rédito electoral.
Resulta que quedó en el centro de la escena un concejal que hasta ayer representaba nada más y nada menos que el estandarte de la transparencia. Carlos Mansilla (FpV) resultó para el lunghismo uno de sus peores fastidios. Una piedra en el zapato que de tanto en tanto hizo trastabillar los prepotentes pasos radicales, más allá que los resultados electorales indicaron otro termómetro social.
Así fue que la denuncia de un vecino, mediáticamente conocido como el caso Confalonieri, fue tomada como propia por el oficialismo para no sólo aclarar el rol del HCD, sino claramente acorralar a ese hombre que desde una banca nunca se digirió por razones varias.
Lo curioso del caso, que mientras unos y otros se azuzan por la escena montada, hay un par de familias atrapadas, que más tarde o mas temprano perderán, si ya no han perdido. Una, estigmatizada por el escarnio vecinal a la que ha sido expuesta por ocupar la vivienda en cuestión por disposición del Instituto de la Vivienda, no sin antes contar con el pedido del edil protagonista. Otra, desde el viejo continente, viendo como le arrebatan el sueño de su casa propia, para la cual justamente viajó a España en busca de dinero que le permita retomar su vida en el pago.
Pero parece que sendas situaciones particulares han quedado al margen. Sólo hay operaciones, sesudas especulaciones políticas para salvar sus vestiduras.
No se explican las reacciones del edil que quedó en la mira. Negando primero, excusándose después, y ventilando fantasmas sobre confabulaciones en su contra más tarde.
Seguramente no fue ni será el último político que aprovechando su privilegiada posición e información resuelva los designios de una propiedad. Históricamente, desde todos los paladares políticos, se “sugirió” ocupar casas y/o terrenos que se suponían de nadie, con la buena intención de ayudar pero a sabiendas que detrás de ese favor habrá un “voto” de confianza. Lo que es peor, aún hoy en la nada transparente administración donde se manejan las obras privadas, se mantiene un cono de sombras sobre el aprovechamiento incluso personal de algunos agentes municipales (hay causas penales pendientes de resolver).
En el medio, una justicia penal ciertamente timorata a la hora de resolver estos entuertos. Sabedora que detrás hay intereses políticos, hace la plancha porque le incomoda la exposición, y porque en el fondo está la concepción de que se trata de asuntos que debieran resolverse por la vía administrativa, porque precisamente el fuero penal no soluciona conflictos, sólo dirime entre lo que constituye un delito o no.
Contrariamente, en este caso particular, no deja de sorprender, entonces, que empezara a actuar de oficio un defensor oficial, cuando ni siquiera hay imputación alguna, dejando en claro que los intereses políticos han metido la cola, porque ayer metieron la pata y no saben como salir.
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