15 de noviembre de 2009
Por Guillermo Liggerini
En voz baja, hace un tiempo atrás un funcionario cercano a Lunghi reconocía que más temprano que tarde la problemática de la inseguridad iba a copar la escena pública, que desde el municipio había que poner las barbas en remojo. Más allá de las muletillas expuestas una vez instalado el tema, por lo bajo ya hay varios integrantes del gabinete que entienden que la situación merece más acciones concretas, más presencia que los saque de la modorra que en el último tramo se evidencia, habida cuenta de una demanda creciente y nada sencilla de abordar.
En efecto, en el último tiempo, la inseguridad empezó a movilizar a vecinos de distintos puntos de la ciudad. Motivados por los hechos que padecieron en carne propia, la escasa presencia de autoridades comunales al menos para escucharlos, y una interesante dosis de influencia mediática. Lo que se ve por la pantalla chica más allá de las fronteras serranas es un caldo de cultivo para sumarle un condimento más a lo en el pago sucede.
Ya el asunto mereció la atención política cuando la oposición hizo eje en la temática al entender que era un talón de aquiles de un Ejecutivo que, en determinados asuntos que queman, prefiere tirar la pelota afuera. Con tan solo recordar quién está a cargo de la dirección de prevención comunitaria (nomenclatura claramente debilitada frente a lo que se había presentado en la plataforma 2003) alcanza para entender cuál es la voluntad política del municipio.
Se contrarresta esta creencia con las gestiones que la comuna realiza casi cotidianamente en pos de dotar de mayores herramientas para reprimir la delincuencia (más efectivos, cuatriciclos, combustible para patrulleros, etc.), aunque en materia de prevención cuesta encontrar acciones, más allá del alumbrado público.
NOMBRES
Precisamente la figura del director Camilo García Ortíz, de escaso vuelo intelectual y cuyos antecedentes se remiten a su noble profesión de martillero, entre malambo y malambo de una peña tradicionalista, resultó el disparador de críticas varias, sin advertir que su figura es sólo la señal de un gobierno que ha decidido el timorato protagonismo que debe ejercer el área en cuestión.
Fue el ex funcionario de la dependencia, el auzista Gabriel Paco Masson, el encargado de instalar el tema nuevamente en escena. Sus dichos resultaron contundentemente incontrastables, a pesar de quién resultó el vocero de la idea.
Que sea justamente Masson el encargado de criticar sobre la performance de un área que ocupó y cuando se despidió (con mentiras de por medio) no tuvo más que loas para quienes resultaron sus superiores, podrían hacer trastabillar una crítica que resulta común, aceptable incluso para varios radicales.
Faltó apenas minutos para que desde el municipio se rastreara declaraciones del propio ex funcionario a medios de prensa cuando se despidió de la función. Algunos incluso querían salir a responderle públicamente, pero los popes del lunghismo siguen a rajatabla su ideario abortaron de cuajo la reacción. No alimentar la instalación del tema por provocación que surja.
De aquellos dichos de 2006 que habían sido rescatados por los lunghistas, no se escatima en elogios a la política que Lunghi emprendió sobre el tema seguridad, habló del buen papel como comunión policíaca- judicial, sin dejar de creer que la ciudad está "bien" en materia de seguridad y que "el compromiso" de la gente es fundamental.
De todas maneras, pasaron los años de aquellos dichos a lo que hoy demuestra el área, la asiste razón al ex funcionario sobre la exposición que él impuso frente a lo que hoy es García Ortíz, o lo limitan a hacer. De resultar posible, hablar poco y nada dado que sus declaraciones son una invitación irresistible al cachetazo.
Sobre las reuniones de vecinos autoconvocados y asustados por la inseguridad que los acecha, si bien resulta legítimo su reclamo, apenas comienza a desandar las reflexiones de ciertos “peligrosos” integrantes, genera más miedo que el que puede estar instalado por la inseguridad.
Mucho se alude a quienes son los que siempre delinquen, la droga, los menores y el sistema que “los favorece”, de más policías, y el papel de la justicia. Poco se ahonda sobre marginalidad, exclusión. Se critica a las autoridades por las leyes que impulsan, no por su fracaso a la hora de crear un ámbito igualitario de oportunidades. Se habla más de justicia penal que de justicia social.
YAMILA, Y LA INSEGURIDAD
Precisamente, por las mismas horas que resuena el clamor popular por más seguridad, en el Tribunal Criminal local el ministerio público fiscal pidió 10 años de prisión para una mujer por atracos varios.
La mujer se llama Yamila Rodríguez. Todavía no cumplió los 30 años y ya pesa en su haber más antecedentes que alegrías. Con dos hijos y una familia desmembrada, protagonizó una seguidilla de hechos durante todo el 2007. Ahora aguarda el reproche penal de los jueces.
Su futuro parece escrito, las pruebas parecieran contundentes a pesar del esfuerzo defensista por desarticular cada una de las acusaciones con sus respectivas pruebas. Con suerte, cambiará la calificación y con ello la pena resulta menor en años.
Se trató, entonces, de un año de furia. El padre de sus hijos, detrás de las rejas. De regreso a su casa paterna, se encontraría con un pasado denso: un padre alcohólico y una madre ausente (según reza el diagnóstico socio ambiental en el expediente). Pocas chances le dieron para zafar. Pocas oportunidades tendrá ahora para evitar una condena penal, además de la social que vino cargando desde nacida.
Se ha dicho, factiblemente resultará merecedora del castigo, y quienes resultaron sus víctimas encontrarán algo de justicia terrenal. De allí, a encontrar un bálsamo a lo que se está padeciendo se está muy lejos. Que Yamila cumpla un tercio de su vida encerrada no ayudará a cambiar lo que se está denunciando. Si no se profundizan las herramientas de contención, de integración y se crea un marco de mayores oportunidades, habrá más yamilas por encerrar. Demandará más cárceles que escuelas, más policías que docentes. La ecuación así nunca cerrará. No habrá leyes ni penas que alcancen.
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