18 de enero de 2009
Por Guillermo Liggerini
La semana transitó por varios asuntos de interés para el quehacer comunal. Las contundentes postales que dejó una recorrida de este Diario por la ex cantera de Cerro Leones, hasta hoy transformadas en un balneario tan popular como peligroso, se ganó parte del debate de la semana, hasta que desde el gobierno se terminó aceptando su ingerencia en el asunto.
Una vez más, quedó corroborada la limitada estrategia que ha emprendido el lunghismo a la hora de enfrentar los problemas. La primera reacción no fue otra que la que viene sosteniendo cuando los asuntos queman: la responsabilidad no es del municipio.
Está claro que no es el gran responsable de que la gente haya tomado como propia una propiedad privada y la disfrute como si fuera la Bristol de la feliz. Pero igual resulta contradictorio el primer acto reflejo comunal ante la sorpresa que deparó semejantes imágenes.
Evidentemente aquello de transitar el quinto año de gobierno y no el primero de una segunda etapa, ha provocado ciertos desgastes, torpes declaraciones y reacciones que los lleva a la incomodidad de tener que dar respuestas a todo. Desde el 2003 a la fecha el estado comunal se hizo omnipresente. Estuvo en todos lados e incluso pisoteó lo que estaba hecho desde sectores sociales con buenas intenciones. Pero con el paso de los años y la concatenación de asuntos que no siempre se pueden dar respuesta desde un municipio, les provoca una debilidad nítida, hasta colocarlos en el ridículo de tener que excusarse y argumentar la sinrazón.
Lo que ocurre en las cavas de Cerro Leones (un paraíso natural con una potencialidad turística envidiable que mereciera una intervención), resulta el parámetro que sirve para medir hasta donde llega la pata del estado. Claramente un ejecutivo municipal no puede entrometerse en asuntos que hacen a la propiedad privada, siempre y cuando lo que allí suceda no altere o ponga en riesgo el bienestar general. Si hay un riesgo latente (los antecedentes sobran sobre muertos en cavas), se debe arbitrar los medios para que aquellos responsables del predio y las fuerzas de seguridad prevengan.
Si hizo –tardíamente- años atrás en otro escenario de similares características como la cantera el Trincante, lindera al cerro de La Movediza, donde sí el municipio vela por su seguridad contratando un servicio privado para custodiar su obra.
En aquella oportunidad, cuando un joven murió ahogado en la ex cava cargada de agua, finalmente el Ejecutivo peticionó y/o presionó a su dueño para que tapara el espejo de agua. Dejando en claro que cuando el municipio quiere, y se ocupa, puede intervenir, con las muchas y en este caso posiblemente pocas herramientas que tiene en su poder.
INTERVENCIONES
Y hablando de intromisiones y omnipresencias, también uno de los asuntos que habitualmente apela el municipio a objetar es cuando se le achaca sobre la inseguridad, sobre la cual también está en claro de donde provienen las mayores responsabilidades.
Si bien la policía como los actores judiciales responden a las directivas del poder provincial, no es menor que el estado comunal puede y debe exigir que se rinda cuenta e intervenir cuando la situación se va de madre.
Alguna vez lo hizo cuando la cúpula policial de antaño era un escándalo y desde la comuna (con un ex concejal que hoy es funcionario de primera línea municipal) se logró separarla al menos del pago chico, con alguno de ellos luego pesando una condena en los estrados judiciales por los abusos cometidos desde el poder que revisten sus uniformes.
Ahora parece estar dispuesto a entrometerse ante el al menos cuestionable accionar de los actores judiciales comprendidos en la minoridad. Las razones y excusas que devengan de aquellos que deben velar por los derechos de un menor, tienen la misma obligación para con la población en general. Está claro ante los hechos ventilados que el sistema judicial que atañe a las políticas de minoridad han fracasado.
Hoy, como ayer, aparecen casos como el que por éstos días conmueve acerca de un pibe que cumplió apenas los 16 y ya se ganó su fama a fuerza de atracos al por mayor. Todos lo conocen, todos saben de sus delicadas tropelías que no solo lo ponen en riesgo a él sino a la sociedad toda, sin embargo nadie quiere hacerse cargo, todos se hacen los distraídos hasta que un vecino, como ocurrió con Luis Cano, muera entre sus manos.
Allí sí se reaccionó con vehemencia, con el rigor de una ley que está, pero que a veces no se quiere imponer por falta de compromiso. Aunque cuando el escarnio público está al acecho sí se aplica, y sin titubear.
COLECTIVOS
Ningún titubeo tampoco tuvo la mayoría del Concejo Deliberante para volver a motorizar un incremento del boleto del transporte público de pasajeros, con el consabido reproche que iba a generar en una buena parte de la sociedad, especialmente los usuarios.
Sabida es la necesidad de los colectiveros para sostener el servicio, como también los bolsillos flacos de los usuarios. Sin embargo, aquí se prefirió estudiar los ajustados costos del colectivero y garantizar el transporte, pero no se evalúo el costo que le merecerá al vecino.
En este caso, y ante el reclamo ruidoso de los estudiantes, bien podrían merecer sentarse en una misma mesa municipio y universidad para capear ese incremento que se aprobó. Ambas instituciones cuentan con un presupuesto que podría contemplar estas necesidades, pero la falta de diálogo y consensos provocan estas situaciones incómodas que seguramente ninguno de ellos quisiera protagonizar.
Comentarios
0Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de sanciones legales.
Iniciá sesión para dejar tu comentario
Iniciar sesiónCargando comentarios...
Denunciar comentario