15 de febrero de 2009
Por Guillermo Liggerini
Otra vez la gestión lunghiana sufrió una estocada relativamente inesperada. Francamente bochornosa frente a la credibilidad de una sociedad que en menor o mayor grado pasará factura sobre la imagen política que supieron concebir. Esta vez la bala entró, especulará la oposición. No habrá publicidad ni distinción sobre la transparencia que alcance para tapar semejante lunar que le salió a una administración que se jactaba de tener el control que no es tal sobre la cosa pública.
No se trata ni de una bolsa de dinero encontrada en el baño de un secretario, ni una valija desde el caribe cargada de billetes para una campaña electoral, pero se alude a una actitud, de una franca impunidad que se cree tener una vez en el poder. Finalmente, el affaire de las horas extras en el cementerio tuvo su desenlace en la justicia penal y el final no fue otro que el que se previó desde éstas páginas, y se intentó desacreditar, primero, desmentir, luego, e intentar ocultar más tarde, desde el gobierno.
Hablar de un grave acto de corrupción cuando se trató de un acto proselitista que costó unos 11 mil pesos, y la condena para el ex funcionario lunghista alude a la utilización de unos 926,18 pesos, puede resultar una exageración, pero tampoco restarle trascendencia –como se intentó- a un tema que debiera preocupar y ocupar a quien circunstancialmente ocupa una gestión.
Sin embargo, el lunghismo prefirió –una vez más- defender hasta la puerta del cementerio a quien a todas luces abusó de la confianza, conscientemente (como reza el fallo judicial) cometió un fraude a la ciudadanía en su conjunto y le selló una marca indeleble a la era lunghista.
“Hizo muchachismo”, tratan de entender y despegarse desde el seno del gabinete acerca del ex colaborador y candidato a concejal Carlos Balbín, a quien le creyeron porque en los primeros 20 días de estallado el escándalo (vía denuncia mediática del capataz del cementerio) negaba la especie sin titubear. Aunque con el paso de los días y el avance de la pesquisa las pruebas resultaron de tal contundencia que no hubo mentira posible de sostener.
“Muchachismo” al considerar que no era necesario utilizar ese fraude para sostener la organización del acto proselitista, pero el ex lunghista habría querido demostrar cierto poder en lo que era su tropa frente al resto de sus pares, resulta la lógica que por éstos días pasa por la cabeza de Lunghi y su séquito.
Habrá mil y una hipótesis sobre el escándalo. Aquellos que piensan que Balbín no actuó sólo, o los que especulan que el funcionario se equivocó al considerar que todo era posible, incluso caer en gracia de los empleados municipales.
Empero, lo más grave aún es considerar, con un alto grado de certeza, que el ex lunghista (como otros pares) lo pudo haber hecho siempre, como un mecanismo que está en el manual de usos y costumbres del funcionario. Pero hay algo peor aún, que esto se siga repitiendo porque ha quedado en evidencia que no existe herramienta aún para evitar que suceda lo que sucedió.
El gobierno tendrá que hacer y mucho para revertir una imagen que ha quedado trastocada, no tanto por el ilícito cometido por un Balbín que se ha hecho responsable de su acto frente a la justicia, sino por una administración que no quiso ver, que jugó al distraído.
Ahora debería redoblar los esfuerzos por demostrar que quiere modificar para mejorar el sistema de control interno, de lo contrario podría estar sujeto a la siempre latente impresión que ayer como mañana, el poder les dará impunidad, aunque sea por unos 926,18 pesos.
Lo elaboró el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa) y fue financiado por el BID. Sobre 31 distritos, Tres de Febrero fue el municipio mejor ubicado, seguido por las ciudades de Córdoba y Santa Fe.
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